La Comisión Temporal de Transparencia del Instituto Nacional Electoral (INE) puso bajo la lupa las prácticas de rendición de cuentas de Morena, y tras resolver una serie de recursos de revisión ciudadanos, la autoridad electoral determinó que el partido oficialista ha incurrido en evasivas sistemáticas al declarar como "inexistente" o "no localizada" documentación financiera que, por ley, está obligado a resguardar.
El mensaje del INE es tajante: la obligación de transparencia no es opcional, y el argumento de "extravío" no basta para justificar la opacidad en el manejo de recursos públicos.
Documentación "fantasma" en la CDMX
Uno de los puntos más críticos se registró en el expediente UTC/RRAI/01/2026. Un ciudadano solicitó contratos, recibos y comprobantes fiscales (CFDI) de las campañas locales de 2021 en la Ciudad de México. Ante la respuesta de Morena afirmando que la información "no fue localizada", el INE revocó la postura por unanimidad.
El Consejo General recordó que los partidos tienen el deber jurídico de conservar el soporte documental de cada operación financiera reportada. "Si un gasto fue fiscalizado, el documento que lo sustenta debe existir", sentenció la Comisión, subrayando que la falta de localización no extingue el derecho de acceso a la información.
Transparencia "bajo presión"
El caso más revelador de la jornada fue el expediente UTC/RRAI/02/2026. En este proceso, Morena inicialmente negó la información, pero "mágicamente" entregó los contratos solicitados una vez que el recurso de revisión ya estaba en curso ante el INE.
Debido a que la información finalmente se entregó, el caso fue sobreseído, pero dejó una interrogante abierta en la opinión pública: ¿Por qué la documentación solo aparece cuando hay una investigación formal de por medio?
Opacidad en la selección de candidatos
La opacidad también alcanzó los procesos internos del partido. En el recurso UTC/RRAI/03/2026, el INE ordenó a Morena realizar una "búsqueda exhaustiva" sobre los participantes en las encuestas para elegir candidatos a gobernadores entre 2019 y 2024.
La resolución señala que el partido incumplió el principio de congruencia de la Ley General de Transparencia, al entregar respuestas laxas que no cumplen con el rigor técnico que exige la ciudadanía sobre cómo se eligen a sus representantes.