Culiacán, Sinaloa. El despido de Carlos Ortega como secretario de Finanzas no es suficiente para la sociedad a la que el gobernador Quirino Ordaz Coppel le debe una amplia explicación en torno al arreglo que intentaron hacer por sólo 2 millones de pesos sus secretarios de Finanzas y de Gobierno para dejar en libertad al ex tesorero Armando Villarreal, acusado de un desvío de 230 millones de pesos.

Así lo expresó el profesor Óscar Loza Ochoa, presidente interino de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS) y advirtió que en este tema aún está pendiente la salida que el gobernador le dará a este caso, pues tiene que actuar en consecuencia porque el dinero del erario no es de nadie en particular del Estado, sino de la ciudadanía, y aún no se sabe de qué forma se van a recuperar esos 230 millones de pesos.

“Creo que está obligado el actual gobierno, no solamente con la salida de alguien que haya concretado un acuerdo, al menos así lo entendimos de Ortega Carricarte. Él es el jefe político del Estado y es obvio que le debe una explicación muy amplia a la sociedad. Y por otro lado actuar en consecuencia, porque yo creo que los dineros públicos no son de nadie en particular del Estado, son de toda la ciudadanía y no solamente está la gran explicación que nos tienen que dar sino además que actúen en consecuencia”, dijo.

Loza Ochoa destacó que quien desvíe dinero que viene etiquetado hacia otros rubros debe ser turnado y sancionado por los tribunales, trátese del funcionario que se trate, pues hizo ver incluso la incongruencia del trato entre una persona de escasos recursos que va a dar a la cárcel por un robo menor, mientras que este tipo de funcionarios llamados delincuentes de cuello blanco están protegidos por la propia ley que les da la oportunidad de andar en libertad.

Enrique Rodríguez