El Gobernador Rubén Rocha Moya se deslindó de las mantas que aparecieron esta mañana en las principales ciudades del estado en contra del rector de la UAS y el Partido Sinaloense y ratificó su enojo por las millonarias compras irregulares que se investigan en el alma máter, pues incluso dijo estar dispuesto a interponer una denuncia, aunque ese tema ya lo indaga la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado.
“Yo me deslindo de las mantas, no tengo nada que ver con eso”, contestó a pregunta expresa de los reporteros que asistieron esta mañana a la conferencia semanera del mandatario sinaloense en Palacio de Gobierno.
No obstante, Rocha Moya insistió en su enojo contra los funcionarios de la UAS por el mal uso de los recursos públicos y sentenció incluso que está dispuesto a interponer una demanda penal para que se aclare el gasto del presupuesto que gasta la Universidad.
“En los últimos tres reportes que dieron, son más de 300 millones de pesos aquí con los que compran en la Universidad, los compradores, el rector y los del Comité de Adquisiciones. Por qué lo quise poner, qué quiere decir esto, que están cometiendo delito. Eso es un delito y tienen que ser investigados. Ahí sí hay obligación de que haya denuncias y hay denuncias”, precisó.
Dijo que ama a la UAS, a los estudiantes y maestros, no así a los que muy probablemente están haciendo corrupción y se están enriqueciendo con el dinero de la Universidad.
Recordó que el año pasado Gobierno del Estado destinó a la UAS 550 millones de pesos y este año van ya 600 millones de pesos, para sacar el adeudo que tiene con el SAT.
“Y vamos a seguir porque yo no quiero que la UAS tenga problemas, lo que tampoco quiero es que el dinero que les estemos dando se lo estén robando. Que me disculpen, pero es una presunción que está ahí. Y si me piden y me demandan que les comprueben, pues estoy que salto para que me lo pidan, tengo manera para mandar a la Fiscalía mucho más”, dijo.
Comentó que para el caso de los administradores de la UAS, desde el rector hasta quienes administran, “ellos son los operadores con empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS). Eso está establecido en la ley y es un delito. Y es un delito federal”.
Enrique Rodríguez
