Culiacán, Sinaloa. Sólo para presentar “chamba”, los agentes del ministerio público están recurriendo de manera anormal a los procedimientos abreviados que le restan años de cárcel a los violadores y feminicidas en las sentencias judiciales, evitando que las penas sean ejemplares y revictimizando a las víctimas, denunció el colectivo feminista No se Metan con Nuestras Hijas.

Priscila Salas, representante del organismo de la sociedad civil, pidió a la nueva Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez, que haga un llamado a los ministerios públicos para frenar esta práctica, ya que ellos están para probar la culpabilidad del inculpado y quien debe proponer los procedimientos abreviados es la defensa de los acusados.

Señaló que en casi todos los estados de la República la implementación de los procesos abreviados se ha convertido en un problema que impide que todas las mujeres, niñas y adolescentes, que han sido agredidas, alcancen la garantía de acceso a la Justicia.

“Y no queremos que sea este el problema que se presente aquí en Sinaloa, en este sexenio en estos tiempos. Hay muchos estudios documentados en Oaxaca,en Coahuila, en Chihuhua, en muchos estados, en donde señala que se abusa de los procedimientos abreviados, y que son las fiscalías quienes los proponen y presionan muchas veces a las víctimas para que acepten las reducciones en las condenas, porque eso desahogan las agencias del MP, porque sabemos que los juicios cuestan dinero”, dijo.

La representante de No se Metan con Nuestras Hijas dijo que las reducciones en las penas que logran los delincuentes bajo este mecanismo a veces rayan en lo ridículo, pues un feminicida o violador que pudiera merecer una pena máxima de 60 años de cárcel es condenado a sólo 13 años de prisión.

Enrique Rodríguez