Obreros de una mina canadiense en Cosalá, exhibieron en videos las condiciones de inseguridad en las que laboran y la contaminación en las aguas del ejido, por lo que piden una inspección de la Secretaría del Trabajo. La empresa Americas Gold and Silver apela a que son intereses del líder minero y Senador Napoleón Gómez Urrutia.

En Cosalá, Sinaloa, pueblo turístico y minero en la entrada al Triángulo Dorado, 175 trabajadores de la mina canadiense Americas Gold and Silver llevan 11 meses en paro laboral para exigir un salario digno, mejores condiciones de trabajo sin outsourcing, respeto al medio ambiente y libertad sindical. Ante la falta de ingresos durante casi un año, en el marco de la crisis sanitaria y económica, algunos ya viven en esta mina que desde hace 14 años extrae plomo, cobre y zinc. Sus residuos caen en la presa de jales que llegan a las aguas del ejido Higuera Larga, donde se bañan personas y bebe el ganado.

“Nos preocupa mucho el tema ambiental porque es un ecocidio a nuestro bello pueblo. Pero los intermediarios de la empresa por ahorrarse dinero no hacen nada, ya que sacar los químicos y chatarra es cuantioso”, dijo el Delegado sindical de la Sección 333, Yasser Beltrán Kuriocala, quien detalló que en 2006 la compañía llegó como Escorpio Mining y desde 2016 cotiza en Nueva York y Toronto como Americas Gold and Silver. “La presa de jales solo tiene una membrana, y el resto tiene filtraciones, lo que impacta a los mantos freáticos y descargas en bebederos de los animales”.

Los mineros laboran 12×12 horas a dos kilómetros de profundidad; tienen enfermedades respiratorias y de la piel por partículas de plomo, pero al estar bajo outsourcing solo cotizan al seguro social 543 pesos diarios. Ni siquiera hay un hospital en el pueblo. La mina no tiene salida de emergencia; ante la falta de luz al interior, se alumbran con los focos del casco, hay escurrimiento de agua y, como una máquina tiene como tapón de diésel una bolsa blanca de plástico, hay riesgo de incendio, acusa la sección 333 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos.

La empresa –que ganó el Casco de Plata 2020 por seguridad– evade impuestos por contratar por outsourcing a través de los pagadores Triturados Mineros del Noroeste y Servicios Generales de Minería, de acuerdo con los recibos de pago. En su reporte financiero del tercer trimestre, la minera informó a los inversionistas que durante la pandemia todas sus operaciones continúan en Idaho y Nevada, Estados Unidos, con la excepción del proyecto en Cosalá “paralizado por bloqueo ilegal” que le ha generado pérdidas por más de 20 millones de dólares.

“Solamente quien carga el morral le sabe su contenido. Solamente quien trabaja en la mina sabe cómo se sufre para ganarse la comida y el pan de cada día”, dijo el minero Lázaro Beltrán, quien tuvo un accidente en el ojo izquierda cuando trabajó para la minera en Cosalá. “Se rompió una manguera lubricadora con cemento que me cayó en el ojo con un químico acelerante que me quemó la córnea. Perdí la vista y la empresa no se quiso hacer responsable y me cerró las puertas”. Tuvo que migrar a Estados Unidos para sobrevivir.

“Estos son los pisos de nuestra planta. Todo eso es plomo. De qué me sirve una mascarilla si a través de mi overol se traspasa”, dijo un minero.

La salida de emergencia de la mina San Rafael está tapada y sin escaleras.

Ante los oídos sordos por parte de los representantes de la minera y del líder sindical minero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Javier Villareal Gámez, en agosto del 2019 acudieron por auxilio al Sindicato Nacional de Trabajadores Minero, Metalúrgico, Siderúrgico de la República Mexicana, dirigido por el Senador Napoléon Gómez Urrutia, quien el 26 de enero fue a ver las condiciones en la mina.

Ese mismo día se aprobó en asamblea comenzar el paro que continúa a la fecha y se acordó tramitar el registro de la sección 333 ante la Secretaría del Trabajo, con el número 854 desde febrero. Pero la compañía canadiense se niega a reconocer la nueva sección, expuso el Delegado sindical Yasser Beltrán Kurioca, quien está denunciado por la empresa canadiense.

También tienen un laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que le otorga la titularidad del Contrato Colectivo al sindicato del Senador, exiliado en Canadá durante años por señalamientos de supuesto uso de un fideicomiso minero. La minera dijo que el laudo se obtuvo “por extorsión”. Los otros 70 trabajadores, aún afiliados a la CTM, continúan laborando en la mina.

“A través de la Junta Federal hemos pedido diálogo con la empresa canadiense, pero los intermediarios dicen que no quieren nada con el Senador Napoléon Gómez Urrutia y esperarán a que nos desesperemos. Pero en enero estamos preparando una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseveró el Delegado Beltrán Kuriocala.