El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un vacío tecnológico y regulatorio ante el eventual uso de dinero digital no rastreable en el financiamiento de promociones y campañas políticas rumbo a los comicios gubernamentales de 2027.
La falta de actualización en los reglamentos de fiscalización, sumada a la complejidad técnica para rastrear las transferencias con criptoactivos, amenaza con opacar la transparencia y el origen real de los recursos económicos empleados por los aspirantes en los próximos procesos electorales.
En entrevista con Excélsior, la consejera electoral Carla Humphrey calificó la infraestructura financiera y tecnológica del organismo como obsoleta. Asimismo, urgió a reformar de manera prioritaria el reglamento de fiscalización para garantizar la correcta calificación y vigilancia de las elecciones de 2027.