Mesas de seguridad sin riesgo

El Secretario de Seguridad nacional, Omar García Harfuch, aclaró que la información compartida en los audios de la Gobernadora de Baja California, carecen de un nivel de sensibilidad peligroso; explicó que en las mesas de seguridad sólo se revisa la incidencia delictiva diaria entre autoridades federales y estatales de manera coordinada. Por ello, el funcionario descartó tajantemente que las declaraciones de la Gobernadora pongan en riesgo la estrategia de seguridad nacional.

Asimismo, el Titular de la SSPC enfatizó que tras revisar el material no se detectó ningún elemento para iniciar una investigación. Aseguró que de los audios filtrados no se infiere en ningún momento que se fuera a entregar información confidencial hacia las autoridades de Estados Unidos. Con este posicionamiento, el Gobierno federal respaldó formalmente a la mandataria bajacaliforniana frente a las acusaciones vertidas recientemente en medios de comunicación debido a este caso.

Incertidumbre sobre los interlocutores

Un punto clave señalado por García Harfuch es que todavía no existe certeza real sobre la identidad de la persona que grabó. Mencionó que no se ha comprobado si el interlocutor de la gobernadora verdaderamente representaba a una agencia o autoridad estadounidense. Esta falta de verificación debilita las versiones que apuntaban a un supuesto espionaje o acuerdos ilegales fuera de la ley.

A pesar de las dudas sobre quién estaba del otro lado de la línea, la postura oficial se mantiene firme. El secretario insistió en que, con los elementos disponibles hasta el momento, no se advierte la comisión de algún delito. De esta manera, las mesas de trabajo en Baja California continuarán operando bajo el mismo esquema de confianza actual.

El origen de la filtración

La polémica estalló luego de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera una segunda grabación donde se escucha a la mandataria estatal. En dicho material, Marina del Pilar Ávila manifestaba su total disposición para colaborar con presuntos intermediarios de agencias del país vecino. La gobernadora llegó a preguntar si existía algún tema específico sobre el cual requirieran datos o apoyo.

Esta difusión generó una ola de cuestionamientos políticos sobre la naturaleza y la legalidad de los contactos que mantenía la gobernadora. El tono de la conversación sugería un interés por cooperar e intercambiar lo escuchado en las reuniones de seguridad de su estado. Sin embargo, para el gabinete central, el caso carece de sustento jurídico para proceder legalmente.