El litigante Gerardo Rincón Flores, representante legal de Joaquín Guzmán Loera en México, aseguró que enviará un expediente a las autoridades de Estados Unidos que involucra a 32 presuntos funcionarios públicos vinculados con el narcotráfico. Según las declaraciones del abogado, los señalamientos abarcan periodos de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista televisiva en el programa "Me Lo Dijo Adela", conducido por la periodista Adela Micha, Rincón Flores afirmó que la información en desarrollo amplía de forma considerable las versiones previas sobre redes de complicidad institucional.

“De una lista de diez personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos”, declaró el litigante.

Aseguran que perfiles señalados siguen en el servicio público

El defensor legal detalló que entre las personas que integran el informe existen perfiles "en activo" dentro del aparato gubernamental, mientras que otros cuentan con licencia o concluyeron sus funciones. Insinuó, además, la permanencia de ciertos cuadros políticos a través de la transición de gobiernos.

Aunque no presentó pruebas públicas durante la emisión, Rincón Flores sostuvo que el impacto de los documentos ante las agencias estadounidenses será inmediato: “Cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo”, expresó.

Por otra parte, el abogado desmintió la autenticidad de diversas cartas atribuidas a Guzmán Loera que han circulado recientemente en plataformas digitales. Aseguró que dichos textos son apócrifos debido a que su cliente no redacta en idioma inglés ni utiliza el alias de “El Chapo” en sus firmas oficiales. Asimismo, hizo mención del respaldo internacional en el caso a través de Mariel Colón, integrante del equipo jurídico en la Unión Americana.

Denuncian presuntas amenazas y señalan a la FGR y a García Harfuch

En el espacio informativo, Rincón Flores denunció haber sido objeto de presuntos atentados, actos de intimidación y amenazas directas dirigidas a frenar su labor jurídica. Ante estas circunstancias, el litigante responsabilizó directamente a instituciones y funcionarios federales de seguridad.

“Si alguna cosa llega a pasarme, responsabilizo a la FGR, a García Harfuch y a este grupo de gobierno”, manifestó en la transmisión.

Hasta el momento, ninguna dependencia del Gobierno Federal ni los funcionarios aludidos han emitido una postura oficial o comunicado respecto a los señalamientos vertidos por el litigante.

Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en territorio estadounidense en el año 2019 por cargos de narcotráfico y crimen organizado. Hasta la fecha, los datos referidos por su defensa en México no han sido formalizados ante tribunales ni validados con documentación oficial de acceso público.