La movilización, que inició con una marcha desde la Alameda "Juan Sarabia" hacia el edificio legislativo de la Plaza de Armas, estuvo encabezada por la abogada Natali Castillo Vera, y contó con la participación de comerciantes ambulantes, taxistas e internos de centros de rehabilitación, quienes actuaron como grupo de choque. Entre los contingentes se identificó a empleados municipales, como Guadalupe Almaguer Pardo, actual asesora del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, así como a niños portando pancartas.

Tensión en el Pleno y omisión de la fuerza pública

Pese a que el acceso principal se encontraba blindado, los manifestantes dirigieron sus ataques hacia dos entradas alternas. Al interior, apenas cinco elementos de la Guardia Civil Estatal y personal de seguridad interna intentaron contener los embates.

Ante el riesgo inminente de que las puertas cedieran, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha Medina, solicitó formalmente la intervención de la fuerza pública para salvaguardar a los 27 legisladores presentes; sin embargo, la petición no obtuvo respuesta.

Durante el altercado, la diputada Roxana Hernández Ramírez (PVEM) denunció haber sido agredida físicamente al ingresar al recinto por personas presuntamente bajo el influjo de sustancias. Momentos antes del portazo, la irrupción generó una confrontación verbal entre la legisladora del Partido Verde y la diputada Jessica Gabriela López Torres (Morena), luego de que esta última solicitara un receso, lo que fue calificado por Hernández Ramírez como un "chantaje" ante el grupo de choque.

Portazo y parálisis legislativa

Finalmente, los manifestantes superaron la resistencia de las puertas e invadieron el salón de Plenos, provocando el desalojo inmediato de la mayoría de las curules.

Para contener la situación, la presidencia de la Directiva acordó abrir el micrófono a un puñado de representantes. Entre los oradores estuvieron los periodistas Anahí Torres, Omar Niño y Juan Pablo Moreno, además de líderes de taxistas y exafiliados partidistas vinculados a Óscar Vera Fabregat, dirigente del extinto partido Conciencia Popular.

La última intervención estuvo a cargo de la abogada Natali Castillo Vera, quien lanzó un ultimátum desde la tribuna:

"Esto apenas empieza. Si no derogan la 'Ley Serrano', tomaremos todas las sedes del Congreso para generar una parálisis legislativa", advirtió Castillo Vera.

Héctor Serrano acusa trasfondo político y alude al alcalde capitalino

Tras los disturbios, el diputado Héctor Serrano, promotor de la iniciativa, calificó las movilizaciones como un movimiento estrictamente político y responsabilizó de manera directa al presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, de financiar y organizar las protestas.

Serrano descalificó los argumentos jurídicos de la abogada Castillo Vera, a quien vinculó con la defensa legal de Juan Pablo Moreno Rodríguez, director del medio digital La Noticia, a quien el legislador denunció previamente. Al respecto, el diputado adelantó que la próxima semana interpondrá una demanda civil en contra de dicho comunicador.

Finalmente, en un ríspido encuentro con los medios de comunicación, Serrano cuestionó la legitimidad periodística de algunos de sus detractores, asegurando que responden a intereses de partido, y descartó categóricamente solicitar licencia a su cargo frente a las presiones del grupo manifestante.