Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario precisó que este acuerdo bilateral se concentró principalmente en la región sur de Sinaloa, zona a la que el grupo jalisciense envió recursos económicos y personal armado para fortalecer las operaciones de la organización sinaloense.

No obstante, García Harfuch aclaró que dicho pacto ya no se encuentra activo:

“Se detectó hace tiempo una relación donde un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación tenía una relación con una facción del Cártel de Sinaloa. Esta persona falleció, por lo que actualmente no tenemos indicios de que continúe esa colaboración”, puntualizó el titular de la SSPC.

Alianzas bajo la lupa: el impacto en la violencia regional

El Secretario detalló que cualquier tipo de coalición entre las grandes estructuras del narcotráfico representa una señal de alerta prioritaria para el Estado mexicano, debido a su potencial para alterar los niveles de violencia y potenciar la capacidad de fuego de los grupos involucrados.

Por ello, explicó que cuando los sistemas de inteligencia detectan estos movimientos estratégicos, las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas intensifican de inmediato el despliegue y la vigilancia para neutralizar posibles reforzamientos o cambios en las dinámicas delictivas territoriales.

A pesar de la magnitud de los nombres involucrados, García Harfuch insistió en que los reportes de los que dispone el gabinete de seguridad confirman que el apoyo mutuo quedó estrictamente acotado a un periodo específico del pasado, descartando que existan elementos recientes que apunten a una reactivación del nexo.

Vigilancia permanente ante reconfiguraciones delictivas

Al ser cuestionado sobre el escenario actual en el noroeste del país, el encargado de la seguridad nacional enfatizó que las corporaciones federales no han bajado la guardia.

Aunque reiteró que la evidencia actual descarta una alianza vigente entre el CJNG y la facción criminal de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, las autoridades mantienen un monitoreo permanente y sistemático sobre ambas organizaciones ante cualquier intento de reconfiguración, acercamiento o pacto futuro que pudiera desestabilizar las regiones donde operan.