De acuerdo a lo compartido por el periodista, la FGR detalló que la organización bajo la titularidad de Rocha Cantú operaba a través de centros logísticos localizados en Querétaro.
La bodega “La Espuela”, ubicada dentro del complejo Ferropolymers, recibía carro-tanques con combustible de origen ilícito o proveniente de Guatemala, que era mezclado con aditivos como MTBE y nafta en otro centro conocido como “El Patio” para mejorar la presentación y calidad del producto final.
El combustible distribuido terminaba en firmas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA. Las facturas se emitían a través de empresas fachada, incluyendo Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.
“El producto final se distribuía a empresas dedicadas al transporte y comercialización, con documentación fabricada”, señala el reporte de Loret de Mola. Estas maniobras permitieron a la red eludir controles fiscales y aduanales, incrementando la dificultad para rastrear el origen del combustible.
En cuanto al tráfico de armas, la investigación de la FGR y la Secretaría de Seguridad identificó empresas de seguridad privada empleadas para adquirir, transportar y rematricular armas de fuego de manera ilegal.
Compañías como SEGURIMEX, S.A.P.I. de C.V., SETER, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V. y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V. formaban parte de la estructura. Estas empresas intercambiaban armamento entre sí con la colaboración de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
“La empresa SETER fue utilizada para abastecer de armas al Grupo Sombra en Veracruz y a integrantes del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a ‘El Cape’, ‘El Loco’ y ‘El M’”, indica el expediente citado por X. También se menciona el procedimiento de rematriculación de armas con registros oficiales de la SEDENA para dotarlas de apariencia legal.