Ciudad de México, a martes 19 de agosto de 2025.- El titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resolvió por segunda vez que Gerardo Vargas Landeros, Presidente constitucional del municipio de Ahome, Sinaloa, sea reinstalado en su cargo o los legisladores del Congreso local podrían ser condenados de tres a nueve años de prisión por desacato, de acuerdo con XpectroFM.
El 2 de mayo pasado el Congreso de Sinaloa desaforó a Vargas Landeros luego de que la Fiscalía del Estado inició un proceso judicial en su contra por presunto ejercicio indebido del servicio público y se inició un juicio político en su contra, informó la plataforma de noticias.
El Congreso nombró a Antonio Menéndez como alcalde sustituto el mismo día del desafuero de Gerardo Vargas.
Vargas Landeros promovió un juicio de amparo 1832/2025-VIII a nivel federal y el pasado 29 de julio, el titular del Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas, resolvió que tiene razón y emitió una suspensión definitiva en contra del desafuero para que fuera reinstalado en su cargo.
Advierte juez federal que legisladores de Sinaloa podrían ir a prisión si no reinstalan a alcalde de Ahome
Legisladores de Sinaloa podrían ir entre tres y nueve años a prisión si no acatan resolución a favor de Gerardo Vargas Landeros.
El 2 de mayo pasado el Congreso de Sinaloa desaforó a Vargas Landeros luego de que la Fiscalía del Estado inició un proceso judicial en su contra por presunto ejercicio indebido del servicio público y se inició un juicio político en su contra, informó la plataforma de noticias.
El Congreso nombró a Antonio Menéndez como alcalde sustituto el mismo día del desafuero de Gerardo Vargas.
El juez federal ordenó que en un plazo no mayor de 48 horas, se presentaran las pruebas de que Vargas Landeros había sido reinstalado en su cargo, se daría aviso a un Ministerio Público Federal de acuerdo a lo establecido en la fracción III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo.
A pesar de esto, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, señaló primero, que no había ninguna notificación formal.
Además Guerra Ochoa tachó improcedente el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, al considerar una verdad legal la falta de materia para dar cumplimiento a la resolución de suspensión definitiva. (Forbes).
