De acuerdo con el oficio UDT-06395/2026 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) —obtenido a través de una solicitud de acceso a la información tramitada por el diario Milenio—, la petición fue promovida a la par de la Fiscalía General de la República (FGR) y permanece en fase de análisis por parte de la administración estadounidense.

Para agilizar el procedimiento, el Estado mexicano se amparó en el artículo 11 del Tratado de Extradición bilateral. Dicha cláusula habilita la aprehensión precautoria de un imputado en territorio extranjero mientras se concluye y entrega la integración formal de la carpeta de extradición.

Los sealamientos penales en contra de Pereyra Gálvez provienen de un mandamiento judicial librado en julio de 2023, fecha en la que la FGR hizo pública la existencia de diversas órdenes de aprehensión dirigidas tanto a la cónyuge como a hermanos del exfuncionario federal por peculado y recursos de procedencia ilícita.

Las pesquisas del Ministerio Público Federal ubican a la acusada dentro de un esquema delictivo compuesto por más de 50 personas, al cual se le atribuye la obtención anómala de contrataciones públicas destinadas a la infraestructura y equipamiento de centros penitenciarios federales.