Cancillería publicó oficio de extrañamiento, ficha de cargos y postura oficial tras revelar que había clasificado el caso por 5 años. A los 10 sinaloenses los acusan en Nueva York de fentanilo, armas y secuestro
Ciudad de México, miércoles 8 de julio de 2026. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo públicos este miércoles tres documentos clave sobre las solicitudes de extradición que Estados Unidos presentó contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos sinaloenses.
Los archivos difundidos son: un oficio de extrañamiento enviado a la embajada estadounidense, un documento con la postura oficial del gobierno mexicano y la ficha de cargos elaborada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
La publicación ocurre un día después de revelarse que la SRE había reservado por cinco años todas las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos y minutas sobre el caso. Esa reserva, aprobada el 23 de junio por el Comité de Transparencia, sigue vigente. La Cancillería aclaró que solo transparentó documentos que por su naturaleza pueden ser públicos, mientras que las notas diplomáticas de expedientes judiciales “permanecerán clasificadas por su carácter reservado”.
Oficio: reclamo por filtración
El documento central es el oficio ASJ-22632, del 30 de abril. Ahí, la Dirección General de Asuntos Jurídicos reclamó a la embajada de EU que la fiscalía neoyorquina revelara públicamente los cargos y nombres un día antes.
La SRE calificó esa información como “sensible en materia de procuración de justicia” y advirtió que difundirla “antes de que la persona reclamada sea detenida y sometida al procedimiento de extradición, se vulneraría su derecho al debido proceso”.
Los cargos: fentanilo, armas y secuestro
La ficha de cargos señala que los 10 acusados —entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil— enfrentan acusaciones de conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
También los acusan de posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Uno de ellos, Juan Valenzuela Millán, tiene un cargo adicional por secuestro con resultado de muerte. La SRE recalcó que son acusaciones, no condenas.
Postura de México
En las líneas de comunicación, también del 30 de abril, la Cancillería informó que las solicitudes ya fueron turnadas a la FGR y sostuvo que ninguna acción judicial procederá sin pruebas suficientes bajo el sistema penal acusatorio.
Reafirmó la cooperación con Estados Unidos en justicia, “pero sin aceptar interferencias externas”. El documento incluye la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum: _“No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito”_.
