Este viernes 16 de mayo, medios estadounidenses confirmaron que la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a elaborar una lista de políticos mexicanos vinculados al narcotráfico y a aplicar restricciones de Visa a decenas de estos mismos funcionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado; la medida se fundamenta en la Sección 212 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que permite negar o revocar Visas a extranjeros implicados en actividades ilícitas.

Entre los señalados estarían figuras de alto perfil, incluidos Gobernadores estatales y legisladores del partido Morena. Ya se sabe que Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California, y su esposo, fueron notificados de la cancelación de su Visa en días pasados, aunque sin detalles públicos sobre las acusaciones exactas. Asimismo, circula que el Gobernador de Tamaulipas podría recibir la misma sanción. Paralelamente, podrían imponerse bloqueos de activos bajo la autoridad del Departamento del Tesoro estadounidense.

Ante esta acción, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió explicaciones formales y denunció la falta de transparencia en el proceso, apuntando a una tensión creciente en la agenda bilateral de seguridad. Estos actos forman parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca, que incluye la designación de cárteles como organizaciones terroristas y acusa al gobierno mexicano de insuficiente combate al Fentanilo y corrupción.

Este anuncio ha generado un fuerte debate interno en México sobre la soberanía nacional y la cooperación en materia de justicia. Mientras algunos sectores respaldan la presión de Estados Unidos para desarticular redes de impunidad, otros advierten que medidas unilaterales pueden impactar negativamente las relaciones diplomáticas y comerciales.