Se observó la presencia de violencia estructural y la violencia que causan las instituciones de gobierno al no garantizar lo que está escrito en la ley en el caso de la niña encontrada enterrada en Juan José Ríos, y de los niños y niñas hijos de jornaleros en Guasave, estableció la coordinadora del colectivo No se metan con nuestras hijas, Priscila Salas.

 “Es peor de grave, en el ejercicio de su quehacer político están dejando de cuidar y garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes”, hizo ver.

 Los reportes periciales son de muerte por infección pulmonar por lo que el gobierno quiere minimizar el hecho violento que atenta contra los derechos humanos de los infantes.

 Argumentó que cuando precarizan y discriminan a los papás de estos niños también afectan a los infantes y adolescentes y destacó que es un tema de defensa de los derechos humanos, pues dichos niños murieron en circunstancias de precariedad en salud, higiene y seguridad.

 En Sinaloa se violentan los derechos de personas jornaleras, indígenas y migrantes que trabajan en los campos y casos tan terribles como lo ocurrido con los niños, forman parte de un hallazgo que no debería existir, criticó.

Ana Laura Osuna