Culiacán, Sinaloa, miércoles 15 de julio de 2026.- El Bloque de Vendedores Ambulantes del Centro de Culiacán rechazó que el comercio popular sea un problema urbano y exigió participar en cualquier plan de reordenamiento del primer cuadro de la ciudad.
Laura Quevedo, líder del bloque, fijó postura ante la propuesta presentada por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Culiacán. Aseguró que los vendedores son “una columna vertebral de la economía local” y representan el sustento de cientos de familias.
En respuesta a la presidenta de CANACO Culiacán, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, Quevedo afirmó que detrás de cada puesto de ropa, calzado o alimentos no solo hay un espacio físico, sino el patrimonio de hogares que han sobrevivido a crisis económicas, la pandemia y los problemas de seguridad.
“Muchos de nuestros comercios tienen 30, 40 o más de 50 años. Han pasado de padres a hijos y son la herencia de familias culichis que han salido adelante con trabajo honesto. No somos informales por gusto; el comercio popular ha sido la única puerta al emprendimiento para quienes no tienen acceso a grandes capitales”, declaró.
La líder señaló que el comercio ambulante es parte de la identidad culichi y que el Centro Histórico atrae a la población por la cercanía, los precios accesibles y el trato directo. Añadió que la actividad genera derrama indirecta para proveedores locales, transportistas y pequeños fabricantes.
“No se trata de una lucha de establecidos contra ambulantes. Ambos sectores podemos y debemos coexistir bajo reglas claras. Un Centro Histórico sin comercio tradicional perdería su alma y su atractivo para la gente de Culiacán y sus sindicaturas”, dijo.
Condiciones para el diálogo
El bloque manifestó disposición a colaborar en la mejora de la imagen urbana, la limpieza y el respeto a horarios, pero estableció cuatro puntos innegociables para cualquier mesa de trabajo con CANACO y el Ayuntamiento:
1. No al desplazamiento: Ninguna familia debe perder su sustento ni ser enviada a zonas inviables para la venta.
2. Diálogo permanente e incluyente: Los cambios deben diseñarse con los comerciantes, no imponerse.
3. Reconocimiento a la antigüedad: No se puede dar el mismo trato a comerciantes con décadas de arraigo que a los de incorporación reciente.
4. Garantía constitucional: El derecho al trabajo debe armonizarse con el ordenamiento del espacio público.
“La mejor política pública es aquella que ordena la ciudad sin dejar a cientos de familias sin comer. Estamos listos para dialogar y colaborar, pero siempre con la dignidad y el sustento de nuestra gente por delante”, concluyó Quevedo.
Humberto Ramírez