Culiacán, Sinaloa, a martes 23 de diciembre de 2025.- Un juicio ejecutivo mercantil iniciado en 1998 contra integrantes de la familia Ortiz Hernández volvió al centro del debate público, luego de que ambas partes ofrecieran versiones encontradas sobre la legalidad de una cesión de derechos de crédito, la ejecución de embargos y el uso de documentos que una de las partes califica como falsos. En el centro de la controversia se encuentra Eduardo Ortiz Hernández, cuyo nombre ha sido colocado nuevamente en la discusión pública a partir de la reactivación del expediente.

El juicio en contra de Ortiz y familia se encuentra radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil desde 1998, a raíz de que el actual dirigente panista en Culiacán, no pago el compromiso de una deuda de un crédito por 3 millones de dólares el cual fue solicitado al banco Bancrecer-Serfin hoy Banco Santander solicitado a finales de los 90's.

La controversia gira en torno a un Contrato de Cesión de Derechos, mediante el cual el abogado Horacio Israel Bringas Manjarrez se ostenta como cesionario del crédito desde 2018. Dicho documento habría sido ratificado ante notario el 10 de enero de 2014, acto que la defensa de la familia Ortiz Hernández impugna al considerar que presenta inconsistencias materiales que comprometen su autenticidad.

De acuerdo con los abogados de la parte demandada, la ratificación notarial se realizó utilizando una credencial de elector expedida en 2015, lo que —afirman— genera una contradicción cronológica imposible y anula la validez del acto jurídico que da sustento a los embargos actuales. Por esta razón, sostienen que toda la cadena de actos posteriores carece de base legal.