Culiacán, Sinaloa. En atención a la crisis que se vive en materia de desaparición forzada de personas, caracterizada por una incidencia que alcanza poco más de 110 mil casos en el país y por una impunidad casi total ya que sólo entre el 2 y 6 por ciento de las denuncias se judicializan, el gobernador Rubén Rocha Moya y el representante de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, presidieron la instalación del Mecanismo Estatal de Seguimiento de las cerca de 80 Recomendaciones Emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada.
“El fenómeno de las desapariciones en México alcanza una cifra superior a las 110 mil personas oficialmente registradas como desaparecidas, el 98 % a partir del año 2000. Un contexto en el país es la impunidad, casi absoluta, pues sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos han sido judicializados. Hace dos años, 36 sentencias por desaparición, lo que nos permite dar una dimensión del reto que se enfrenta. Junto con el tercer componente que es una crisis forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar en el país”, precisó el Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Destacó que para la ONU, un mecanismo como al que hoy se convoca, establece un espacio de cooperación, diálogo y búsqueda por la eficiencia de los recursos materiales y humanos que articula a actores locales con cinco funciones claves, que servirán para atender las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Precisó que éstas son, en primer lugar, analizar las recomendaciones; coordinar a las autoridades para asegurar procesos organizados, eficientes e integrales; hacer un seguimiento puntual de las medidas adoptadas; evaluar los procesos y las medidas; e informar a las demás autoridades y a las familias de las personas desaparecidas y en general a la sociedad sobre los resultados alcanzados. “Si el mecanismo no logra los resultados deseados, pues los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas se verán afectados”, precisó Peña Palacios.
En respuesta a ello, el gobernador Rocha garantizó que estas cinco funciones a las que se refirió el representante de la ONU serán vinculantes en la tarea a realizar por parte de este mecanismo estatal de seguimiento, que no partirá de cero ni improvisará, sino que atenderá estas directrices y la metodología que propone.
El mandatario estatal aprovechó para hacer un reconocimiento a medios de comunicación y periodistas diversos, por su compromiso e interés en el respeto a los derechos humanos.
“Somos un gobierno abierto y dispuesto a la colaboración interinstitucional para el logro de los propósitos de paz y respeto a los derechos humanos. El escrutinio y la exigencia pública no nos intranquilizan, más bien nos alienta y anima y aquí hago un reconocimiento a periodistas, a varios periodistas, a varios medios escritos y digitales que están muy activos, que hacen una tarea realmente de personas interesadas por la defensa de los derechos humanos. Los periodistas, los medios de Sinaloa tienen ese compromiso y eso nos ayuda, si nos critican que lo sigan haciendo porque eso nos va a ayudar a mejorar”, dijo.
Al dar la bienvenida al evento, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, informó que la Secretaría de Gobernación impulsó la creación de estos mecanismos de seguimiento, como el que se instala ahora, constituyéndose Sinaloa en la tercera entidad federativa, después de Coahuila y Veracruz, en instituir este espacio para el monitoreo de las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
El secretario Inzunza se refirió a que en Sinaloa se registra un progreso muy significativo en este importante tema, pues el gobierno actual ha acatado en solo un año y 10 meses, la creación y equipamiento del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, zona centro, así como la captación de recursos para los correspondientes proyectos de centros de las zona norte y sur, lo cual contrasta con la histórica indolencia del Estado para responder a estas necesidades en materia de identificación de cuerpos y restos humanos localizados.
Los integrantes de este mecanismo estatal de seguimiento, que rindieron protesta son el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; la fiscal general, Sara Bruna Quiñónez Estrada; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada Elizabeth Chía Galaviz; la encargada del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Yeraldine Bonilla Valverde; la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Patricia Figueroa Sauceda y la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Karina Elizabeth Márquez Calderón.
La instalación del mecanismo también fue atestiguada por la coordinadora para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Nancy Desiderio Noyola.
Enrique Rodríguez
