Priscila Salas representante del colectivo no se metan con nuestras hijas sobre el caso de la madre de la niña encontrada semienterrada en Guasave, señaló que es alarmante la forma en la que la fiscalía ha llevado el caso pues al tratarse de una mujer indígena la presunta declaración debió estar a cargo de un equipo multidisciplinario quien debe contar con más de un traductor para dar con la verdadera traducción de su confesión.

“nos preocupa muchísimo el manejo mediático que se le está dando al caso por parte de las autoridades, es alarmante, también nos alarma que haya señas claras de violaciones al debido proceso, violaciones a la presunción del proceso y a la debida diligencia”

Puesto que estado debe proporcionar los derechos de las mujeres, “se tiene derecho a acceder a la justicia de dos maneras, cuando somos víctimas de un delito, pero también cuando somos las presuntas imputadas de un delito y en estos dos casos debe haber perspectiva de derechos humanos, perspectiva interseccional, perspectiva de género, perspectiva multicultural cuando se trata de mujeres indígenas” puntualizó.

Además, el Colectivo hizo mención de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), donde establecen que las mujeres y las niñas indígenas en situaciones como las del caso de Guasave, tienen derecho a la información donde se les dé a conocer cuáles son sus derechos y como defenderlos y dicha información debe estar disponible en su idioma.

“estamos viendo de manera muy alarmante que las mujeres están siendo puestas en un estado de vulneración terrible en donde no hay garantías de ningún tipo” dijo Priscila.

Señalaron que gobierno del estado tiene la tarea de cubrir y resguardar los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres de todo Sinaloa, consideran que su actuar y el de la fiscalía es precario, pues no cuentan con personal y presupuesto para atender temas multidisciplinarios; la situación a la que se llegó en Juan José Ríos demostró que el estado no ha cumplido con su labor de resguardar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas.