Ante el reciente ataque perpetrado por dos hermanos en una secundaria de Torreón, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto para obligar a las redes sociales a remover contenidos violentos. La medida, coordinada por el secretario Omar García Harfuch, busca frenar la incitación a la violencia digital mediante inteligencia especializada y sin caer en actos de censura previa.

Para estructurar esta estrategia gubernamental, la administración federal conformó un grupo de trabajo multidisciplinario integrado por la SEP, la Consejería Jurídica y diversas instituciones académicas como la UNAM y el IPN. El organismo técnico analizará los mecanismos legales para exigir a las plataformas tecnológicas la detección y reporte inmediato de material peligroso en internet.

Durante la presentación de la iniciativa, García Harfuch aclaró que las labores de inteligencia distinguirán cuidadosamente entre una simple expresión en línea y una amenaza real de delito. Las autoridades gubernamentales enfatizaron que consultar información riesgosa no constituye por sí sola una conducta delictiva, garantizando así la protección de los derechos de expresión.

La decisión del Ejecutivo federal surge tras detectarse patrones comunes en investigaciones previas donde agresores juveniles mantuvieron comunicación previa a través de entornos digitales. Con esta normativa en puerta, el gobierno federal pretende blindar a los menores de edad frente al impacto nocivo de comunidades extremistas y conductas violentas virtuales.