Esta falta de regulación formal genera un vacío de rendición de cuentas, ya que actualmente no existe un mecanismo institucional que permita conocer de inmediato cuánto se está gastando en estas movilizaciones, de dónde provienen los recursos y si se está construyendo una ventaja competitiva de forma anticipada.

Aunque un informe de Agencia Reforma documenta que estas actividades están plenamente activas, los criterios actuales de las autoridades electorales obligan a revisar cada caso en particular antes de dictaminar si incurren en una ilegalidad automática.

Un árbitro que observa desde la banca

La pasividad del órgano electoral ha encendido las alarmas desde su propio interior. El consejero del INE, Arturo Castillo, lanzó una dura crítica hacia el Consejo General por postergar la aprobación de los lineamientos necesarios para regular el activismo intrapartidista fuera de los tiempos legales.

“El INE está siendo un árbitro que no está arbitrando un partido que empezó hace ya mucho tiempo”, advirtió Castillo respecto al desfase entre la realidad política y los tiempos institucionales.

El catálogo de la promoción adelantada

Las actividades denunciadas —que ocurren mucho antes del inicio formal de las precampañas locales— contemplan un despliegue logístico integral en diversos estados:

• Movilización y eventos: Organización de asambleas, reuniones de militantes y eventos públicos con música, porras y traslado de simpatizantes.

• Propaganda utilitaria: Reparto masivo de folletos, gorras y playeras promocionales durante recorridos en municipios y comunidades.

• Posicionamiento digital y político: Difusión personalizada en redes sociales y la utilización de logros obtenidos desde cargos públicos actuales como plataforma de proyección.

Mientras el proceso electoral formal aguarda su calendario, la maquinaria política avanza en el terreno de los hechos, dejando en el aire la efectividad de la fiscalización del dinero en la política.