El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, emitió una tarjeta informativa para aclarar que ninguna corporación federal ha desplegado operativos destinados a modificar la ubicación del exmandatario sinaloense. De igual manera, se especificó que Rocha Moya no se encuentra ni ha permanecido en las instalaciones de la Novena Zona Militar ni en la Tercera Región Militar.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, en la cual confirmó de manera expresa que el político se localiza en su domicilio particular. La jefa del Ejecutivo federal subrayó ante los medios de comunicación que el exgobernador ni siquiera cuenta con un esquema de protección por parte del gobierno federal.

Exigen a Estados Unidos presentar evidencias del caso

Respecto a los señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia del país vecino, la postura de la administración de la República se mantiene firme en exigir la entrega formal de las carpetas de investigación correspondientes. El gobierno mexicano sostiene que cualquier acusación de colaboración con grupos delictivos debe estar plenamente sustentada con pruebas físicas y legales.

La mandataria nacional reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe basarse en el respeto mutuo y en el intercambio transparente de información entre ambas naciones. Hasta el momento, las autoridades de la Unión Americana no han formalizado la entrega de los elementos probatorios que vinculen directamente al exfuncionario estatal con redes del narcotráfico.

Cero impunidad y balance en el combate a la delincuencia

La federación remarcó que la estrategia de seguridad se aplica de manera uniforme, sin importar los cargos públicos, las filiaciones partidistas o los lazos personales de los implicados. Para respaldar esta afirmación, el reporte oficial detalló que los mecanismos de inteligencia civil y militar actúan contra las estructuras logísticas y operativas de los generadores de violencia.

Como resultado de estas políticas, se destacó la captura de más de 56 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto, además de la detención de 87 servidores y exservidores públicos en operativos recientes. El informe concluye que estas labores de inteligencia permitieron reducir un 46 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional.