El anuncio fue realizado este martes 30 de junio de 2026 por el titular del órgano fiscalizador, Aureliano Hernández Palacios Cardel, al hacer entrega de la primera parte de los informes individuales de la Cuenta Pública 2025 ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.

Hernández Palacios Cardel subrayó que estas querellas penales son el resultado de una nueva facultad operativa que permite a la dependencia actuar con inmediatez y proceder jurídicamente de forma anticipada, sin necesidad de esperar a que concluyan los plazos tradicionales de todo el proceso de revisión.

Combate a la corrupción y expedientes graves

Además de las vías penales, el auditor superior informó que la ASF ha promovido 30 expedientes de responsabilidad administrativa grave ante la autoridad sustanciadora. Dichos casos derivan del hallazgo de esquemas de colusión y adjudicaciones indebidas dentro de los procesos de contratación pública de diversas dependencias.

“Rompimos el paradigma de la fiscalización; pasamos de una fiscalización fragmentada a una fiscalización integral”, aseveró Hernández Palacios, al advertir que este nuevo modelo de combate a la corrupción no dejará zonas grises en el país.

Cobertura histórica: Fiscalización en los tres niveles de gobierno

Como parte de este nuevo modelo, la ASF detalló una ambiciosa hoja de ruta que expandirá su capacidad de auditoría a niveles sin precedentes en los tres órdenes de gobierno. El plan contempla:

• Poder Ejecutivo Federal: Por primera vez se auditará la totalidad de las dependencias federales mediante la apertura de 209 procedimientos técnico-legales.

• Alcance Nacional: El nuevo esquema integral será aplicado de manera homogénea en las 32 entidades federativas.

• Inspección Local: Se someterá a revisión la administración de recursos federales en más de 2,200 municipios y alcaldías del país.

En total, la Auditoría Superior de la Federación tiene proyectada la fiscalización de 1,733 entes públicos, abarcando desde secretarías de Estado y gobiernos locales hasta organismos públicos descentralizados, con el propósito de garantizar la máxima transparencia en el ejercicio del gasto público.