"¿Cómo puede haber una nota si en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo me dijeron 'una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos'? Esa es la nota", criticó Sheinbaum, quien puso en duda el sustento del reportaje al basarse en testimonios anónimos.

Al ser cuestionada sobre el contenido de las supuestas filtraciones, la jefa del Ejecutivo atajó: "¿De qué información? Entonces, ¿cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento, ninguno?". Asimismo, se mostró escéptica ante la posibilidad de que el texto refleje una división interna en el partido oficialista, limitándose a responder que "no sabemos si es cierto".

Para respaldar su postura, la presidenta hizo alusión a la carta que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, envió al diario neoyorquino para exigir una rectificación formal. "Una de las personas que es nombrada dice que se corrija porque no es verdad", apuntó, señalando este reclamo como un elemento que refuerza la falta de certeza de la publicación.

El origen de la controversia

La reacción del Gobierno de México ocurre dos días después de que The New York Times publicara un reportaje, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, que revela una presunta red de contactos reservados entre políticos mexicanos y autoridades de Washington.

Según el diario estadounidense, la investigación se basó en entrevistas con más de una decena de fuentes anónimas involucradas en los encuentros. El texto afirma que al menos 12 funcionarios electos —incluyendo gobernadores y legisladores actuales de Morena— buscaron proactivamente canales de comunicación con agencias de EE. UU. con el fin de compartir información sobre otros integrantes de su propio partido y, supuestamente, anticiparse a futuras indagatorias que pudieran involucrarlos.

De acuerdo con los registros periodísticos, estos acercamientos habrían comenzado a finales de abril, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales contra diez funcionarios y exfuncionarios del Estado de Sinaloa.