“Cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”, remarcó la dependencia a través de un comunicado.
Un calendario por terminación numérica y riesgo de suspensión
El Gobierno de México explicó que, para evitar saturaciones, la nueva fecha límite de registro estará determinada por el último dígito del número celular de cada usuario.
Las autoridades advirtieron que quienes no completen la vinculación en el tiempo correspondiente sufrirán la suspensión del servicio 72 horas después de vencido su plazo. No obstante, la CRT aclaró que las líneas suspendidas mantendrán acceso limitado para:
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Llamadas a números de emergencia.
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Servicios de atención ciudadana.
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Contacto con la propia operadora telefónica.
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Recepción de alertas sísmicas.
Una vez que el usuario concluya el registro, el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles será restablecido de inmediato.
Nota clave sobre la privacidad: La CRT enfatizó que el proceso se realiza directamente con las compañías telefónicas y no con el Gobierno. Las operadoras únicamente asociarán el nombre y la Clave Única de Registro de Población (CURP) al número celular, eliminando cualquier otro dato o imagen utilizado durante la vinculación.
Sheinbaum defiende la medida ante críticas de espionaje
Ante la desconfianza de un sector de la población que teme que la entrega de datos facilite el espionaje gubernamental, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa durante su conferencia 'mañanera'.
“Es muy importante que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros de que ‘el objetivo es espiar a las personas’. Eso es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad", afirmó la mandataria.
Asimismo, la CRT puntualizó que las fuerzas de seguridad solo podrán acceder a dichos datos si la línea se ve involucrada en un presunto delito, mediante una solicitud formal a la telefónica y bajo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Contexto internacional y retos del sistema
La presidenta Sheinbaum aclaró que este tipo de regulaciones no son inusuales, ya que alrededor de 160 países exigen verificación para activar servicios móviles. En Latinoamérica, naciones como Colombia, Brasil, Perú, Chile y Panamá ya operan con esquemas de identificación apoyados en datos biométricos. En Europa, España instauró la validación obligatoria tras los atentados de Madrid en 2004, donde se utilizaron celulares para detonar explosivos.
A pesar de los argumentos oficiales, el esquema en México arranca con importantes desafíos operativos. Actualmente persisten denuncias sobre la venta ilegal de tarjetas SIM ya registradas a nombre de terceros. Además, especialistas advierten que los usuarios que pierdan el servicio móvil podrían migrar masivamente a conexiones WiFi para mantenerse comunicados, lo que elevaría drásticamente la demanda sobre las redes públicas y privadas.