El líder parlamentario de la oposición detalló que este martes 23 de junio a las 16:00 horas vence el plazo legal para que el mandatario estatal presente sus alegatos de defensa ante el Poder Legislativo.

“Vamos a ver qué manda el Gobernador: si manda un escrito, a un representante o si se presenta personalmente (...). Si no se presenta, pierde la oportunidad de su defensa y se procede con lo que ya se tiene impuesto en la solicitud de juicio político”, explicó De la Fuente, precisando que este mecanismo busca garantizar el derecho de audiencia de ambas partes.

La matemática legislativa: El factor Morena

A pesar de que el procedimiento avanza en sus tiempos legales, la viabilidad de la sanción económica o destitución depende estrictamente de un consenso que hoy se ve fracturado. Para que el juicio contra García Sepúlveda progrese en el Pleno, se requiere una mayoría calificada de 28 votos de los 42 diputados que integran la legislatura.

Con un bloque de Movimiento Ciudadano (partido del gobernador) blindado con 9 legisladores, la oposición (PAN-PRI) necesita indispensablemente el respaldo unánime de la bancada de Morena, que también cuenta con 9 curules. No obstante, De la Fuente denunció presuntos pactos políticos en el bloque de la "Cuarta Transformación".

“Hay una parte de los diputados de Morena que trabaja más con el gobernador que con su partido. Morena tiene un problema hacia el interior: el coordinador de su bancada renunció, se acusaron entre ellos (...) No sabemos cuál es la postura oficial”, puntualizó el panista.

Las claves del caso: Triangulación millonaria

El juicio político en curso —cuya solicitud original fue promovida, paradójicamente, por la dirigencia de Morena en Nuevo León— emana de una indagatoria abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta triangulación de recursos públicos.

• La acusación: Se investiga el presunto desvío de más de mil millones de pesos.

• El 'modus operandi': De acuerdo con la carpeta de investigación, una cadena de pagos emitida por el Gobierno de Nuevo León hacia diversas empresas proveedoras terminó presuntamente en las cuentas de despachos jurídicos y fiscales.

• Los beneficiarios: Los principales accionistas de dichos despachos son el padre del mandatario, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

Postura del Gobierno Federal

El caso ha escalado al plano nacional. Cuestionada sobre las indagatorias que pesan sobre el gobernador neolonés, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura institucional de no intervención y apego a la legalidad:

“El servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de qué partido sea, tiene que investigarse”, sentenció la titular del Ejecutivo federal.

El Congreso del Estado se mantiene a la expectativa de si la defensa del mandatario estatal comparecerá antes de las 16:00 horas o si el proceso continuará en rebeldía.