Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal precisó que la temporalidad jurídica solo aplicaría si el proceso se encontrara en la etapa de un juicio formal de extradición. Detalló que, hasta el momento, el gobierno estadounidense únicamente ha tramitado una solicitud de "detención urgente", un recurso que, advirtió, podría ser rechazado por las autoridades mexicanas debido a la total ausencia de elementos probatorios.

“No hay plazo, no hay plazo. Habría plazos si fuera un juicio formal de extradición. Recuerden que en este caso lo que pidió una oficina en el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas”, afirmó de manera tajante.

La Presidenta Sheinbaum insistió en que el Estado mexicano no actuará sin sustento. De no presentarse las evidencias institucionales, la petición de captura inmediata será desechada, obligando a Washington a iniciar un proceso formal desde cero:

“Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente (...). Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente el juicio de extradición, que llevaría todo un procedimiento en donde también tendrían que entregar las pruebas suficientes”, agregó.

Sin escoltas federales: Rocha Moya se protege con recursos estatales

En la misma tesitura, el gabinete de seguridad nacional atajó los cuestionamientos sobre el estatus actual del político sinaloense. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desmintió de forma categórica que el Gobierno Federal esté brindando protección especial al mandatario con licencia o a los exfuncionarios locales señalados en el mismo expediente estadounidense.

García Harfuch puntualizó que el despliegue de seguridad que acompaña a Rocha Moya proviene de corporaciones de su propia entidad federativa, deslindando por completo a la Guardia Nacional, al Ejército o a la Marina de estas tareas.

“Él no solicitó medidas de protección, ni el gabinete de seguridad se las proporcionó. La escolta que él tiene no es del Gobierno Federal (...). En su calidad de exgobernador tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía. Desconozco de cuál de las dos corporaciones, pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de seguridad”, aclaró el secretario.

El funcionario federal concluyó informando que la misma regla aplica para el resto de los nueve mexicanos incluidos en la lista del Departamento de Justicia norteamericano, asegurando que ninguno de ellos ha tendido puentes con la federación para solicitar resguardo policiaco o militar tras hacerse públicos los señalamientos de la Fiscalía estadounidense.