Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del INE, fijó una postura firme frente a la iniciativa de reforma constitucional que plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del árbitro electoral. La funcionaria fue tajante al señalar que el INE es una autoridad estrictamente administrativa y no un órgano ministerial ni judicial.
"No somos una instancia de seguridad"
Al evaluar la capacidad del instituto para analizar los perfiles de cerca de 140 mil candidaturas federales y locales, la consejera presidenta señaló que la responsabilidad primaria de garantizar la probidad de los aspirantes recae de forma exclusiva en los partidos políticos.
"El Instituto Nacional Electoral no es un ente capaz de descifrar estos niveles de riesgo. No somos una instancia de seguridad, no tenemos las valoraciones correspondientes, no conocemos el mapeo de las zonas en donde las instancias propias de seguridad tienen establecidos sus puntos rojos", puntualizó.
Taddei advirtió que obligar al INE a "bajar" candidaturas por criterios de seguridad vulneraría su neutralidad e imparcialidad, colocándolo en el centro de la disputa política. Asimismo, alertó sobre el riesgo físico que corren los miles de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) en campo si los grupos criminales vinculan la estructura del INE con investigaciones de seguridad.
La funcionaria planteó que, de aprobarse la reforma, la nueva comisión debería operar únicamente como una "ventanilla de trámite" confidencial: recibir las listas de los partidos, enviarlas a las autoridades de seguridad (quienes mapean los riesgos reales) y devolver los resultados a las fuerzas políticas, sin que el INE asuma la decisión final. Además, criticó que, tal como está redactada la propuesta, la entrega de listas por parte de los partidos sería voluntaria y carecería de efectos vinculantes.
Retos ante las causales de nulidad por injerencia extranjera
Respecto a la iniciativa que busca incorporar la intervención extranjera o el financiamiento ilícito como causales para anular una elección, Taddei Zavala advirtió al Poder Legislativo que el verdadero reto radica en la construcción de reglas claras para el desahogo de pruebas.
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Falta de denuncias: Como ejemplo, citó el caso de Morelos —donde se ha señalado presunta infiltración ilegal en campañas—, aclarando que el INE no recibió denuncias específicas durante la fiscalización y los dictámenes se aprobaron con los mecanismos ordinarios.
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Carga de la prueba: La consejera recordó que una elección no se puede anular con base en sospechas. "No basta con que sospechemos, tenemos que comprobar, tenemos que armar el expediente", enfatizó, señalando que la propuesta actual mandata erróneamente al INE a buscar las pruebas de nulidad, labor que fungen en la cadena jurídica del Tribunal Electoral.
Respaldo a la postergación de la elección judicial
En el ámbito operativo, Taddei defendió la propuesta de aplazar la elección de jueces, magistrados y ministros hasta el año 2028. Explicó que existe una incompatibilidad logística insalvable para realizar los comicios judiciales de forma concurrente con las elecciones ordinarias de los partidos políticos.
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Modelos contrapuestos: Las elecciones tradicionales se rigen por la participación activa de los partidos, mientras que en la elección judicial estos tienen estrictamente prohibida cualquier intervención.
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Inviabilidad física: Las diferencias en el diseño de boletas, el escrutinio y las reglas generales hacen imposible, bajo las condiciones actuales, unificar ambos procesos en una misma casilla electoral.
Finalmente, la presidenta del INE confirmó que el instituto adoptará una modalidad de trabajo remota y virtual durante el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA. La medida responde a una solicitud de las autoridades de seguridad de la Ciudad de México para utilizar el estacionamiento del organismo debido a la complejidad logística y de movilidad que se vivirá en la zona colindante al Estadio Azteca, garantizando que el INE no suspenderá sus sesiones ni labores internas.