La propuesta fue anunciada por la Jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, y detallada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien precisó que el mecanismo operará bajo un esquema de colaboración institucional y respeto a la presunción de inocencia.

 

 

El origen: "Operación Enjambre" y nexos locales

Durante su intervención, la mandataria federal justificó la urgencia de esta reforma de cara a los comicios de 2027, al reconocer que desde el inicio de su gestión se han detectado nexos entre autoridades locales y células criminales.

"Hemos vivido, desde que entramos, algunos casos de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia", admitió Sheinbaum Pardo.

Como antecedente directo, la Presidenta recordó la "Operación Enjambre" implementada originalmente en el Estado de México para capturar a alcaldes coludidos con el narcotráfico, una estrategia que posteriormente se replicó en otras entidades federativas afectando a funcionarios de diversas fuerzas políticas.

Entre los casos emblemáticos derivados de denuncias ciudadanas, Sheinbaum expuso las capturas en Jalisco de los alcaldes de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago (Movimiento Ciudadano) —ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, y de Tequila, Diego Rivera Navarro (Morena), acusado de extorsión a la industria tequilera y delincuencia organizada. Pese a la gravedad de los arrestos, acotó que se trata de "casos aislados" y no de un comportamiento generalizado.

 

 

¿Cómo funcionará la Comisión de Verificación?

De aprobarse la reforma, el nuevo modelo de fiscalización preventiva operará bajo las siguientes directrices estructurales y de procedimiento:

• Integración: La comisión dependerá del INE y estará conformada por cinco consejeros electorales, quienes serán elegidos mediante votación para un periodo de tres años.

• Consentimiento obligatorio: Todo ciudadano que aspire a una candidatura deberá firmar obligatoriamente un formato de conformidad para ser evaluado por esta instancia.

• Cruce de inteligencia: Las autoridades de seguridad, justicia y fiscalización —incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)— cotejarán las identidades de los aspirantes.

• Dictamen de riesgo: Las dependencias emitirán un informe confidencial a la comisión determinando si existe o no un "riesgo razonable" de vínculos delictivos, protegiendo los detalles de investigaciones en curso.

 

Finalmente, Luisa María Alcalde aclaró que la entrega de los listados de aspirantes por parte de los partidos políticos será de carácter voluntario. Una vez recibido el reporte de riesgo emitido por las instituciones de inteligencia, la responsabilidad y decisión final de registrar o retirar al candidato recaerá exclusivamente en cada partido político.