El Gobierno mexicano, mediante la Secretaría de Gobernación, reafirmó este viernes la postura de la administración federal al rechazar las conclusiones del informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); México aseguró que el documento no integra de manera fiel la información proporcionada por el Estado mexicano.

Pese a la firmeza de esta postura, la Titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, aclaró durante la conferencia matutina de este día desde Palacion Nacional, que este desacuerdo no representa un distanciamiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni con sus mecanismos de derechos humanos como tal.

Colaboración técnica vs. discrepancia política

La Titular de la política interna subrayó que existe una línea clara entre el trabajo operativo diario y el contenido del informe en cuestión. Destacó que la coordinación con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como con la ACNUR y la OIM, ha sido ininterrumpida y productiva.

“Una cosa es no estar de acuerdo con el contenido de un documento, porque no toma en cuenta la información que nosotros le decimos, y otra es el trabajo diario”, puntualizó la secretaria.

Rodríguez detalló que esta alianza ha permitido avances significativos en:

• Materia forense: Asesoría técnica especializada.

• Búsqueda de personas: Cooperación en procesos de localización en campo.

• Acompañamiento internacional: Coordinación constante con organismos estatales y el Poder Judicial.

Transparencia y próximos resultados

En el marco de la reciente visita del Alto Comisionado, la Secretaría de Gobernación adelantó que se presentará un informe detallado sobre los avances del programa nacional contra las desapariciones. Rodríguez enfatizó que México se mantiene como uno de los países con mayor apertura informativa para los organismos internacionales.

La agenda de estos encuentros, coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), contempla reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno y colectivos de víctimas. Con esto, el Gobierno Federal busca demostrar que, aunque el desacuerdo con el Comité de la ONU permanece sin cambios, la disposición para la cooperación técnica y la rendición de cuentas sigue siendo una prioridad de la actual administración.