Ciudad de México, a sábado 25 de octubre de 2025.- Desde 2011, el Congreso de la Unión mantiene en la congeladora medio centenar de reformas que proponen tipificar como delito el enrolamiento de menores por el crimen organizado, así como establecer penas de cárcel que van de 20 a 140 años de prisión a quienes incurran en esta actividad, pero ninguna de las iniciativas ha sido dictaminada.

También, desde 2011, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recomendado al Estado mexicano tipificar este delito, pero no ha tenido prioridad legislativa puesto que las iniciativas no han sido ni siquiera dictaminadas.

No se legisló cuando se inició la guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón... ni en el sexenio de Enrique Peña Nieto... ni con Andrés Manuel López Obrador y su política de “abrazos y no balazos” al crimen... tampoco en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido prioridad combatir este delito, y ningún mandatario federal ha presentado alguna iniciativa para tipificar el enrolamiento de menores.

Las iniciativas han sido presentadas por senadores y diputados federales de todos los partidos, incluso algunas por parte de morenistas como el entonces coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, pero ninguna ha sido dictaminada a pesar de que —de acuerdo con organizaciones como la Red para los Derechos de la Infancia (Redim)— 30 mil menores cada año son enrolados por los grupos criminales.

Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de la organización Reinserta, ha señalado la urgencia de legislar para que se incorpore al Código Penal el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. “Queremos que esta reforma tenga como objetivo establecer un marco legal mucho más robusto y que, a la par, se establezca una estrategia integral que busque desmovilizar a los niños, niñas y adolescentes que están ya en las filas de la delincuencia, y que se pueda atender a los estados afectados”, apunta.

De acuerdo con datos de Reinserta, hasta 62 por ciento de los adolescentes en conflicto con la ley penal han tenido contacto con grupos delictivos antes de los 15 años. (El Universal).