Aunque desde 1996 se estableció el financiamiento público a los partidos para reducir el dinero ilícito en las campañas y garantizar condiciones de competencia para la oposición, este fin no se ha cumplido.
"Nuestros informes de fiscalización lo demuestran”, afirmó el consejero del INE Uuc-kib Espadas, ante la próxima reforma electoral. Pero otro objetivo sí se logró: la oposición ha competido con un mínimo de recursos y ha ganado.
Criticó que se pretenda realizar una reforma electoral que “escuche al pueblo” y no a los expertos.
"Siete de cada diez mexicanos apoyan la pena de muerte. La voz del pueblo no es la voz de Dios”, advirtió, al señalar que la democracia requiere proteger derechos fundamentales que no pueden ser alienados por mayoritarios".
Defendió las diputaciones plurinominales como indispensables para la equidad del voto.
Aseguró que el costo de las autoridades electorales tiene un impacto mínimo en el erario. Reducir este gasto, consideró, “significaría precarizar el servicio electoral, poner en riesgo la integridad de las elecciones y en nada contribuiría a destinar más recursos a fines sociales”.