Comunidades indígenas de 13 municipios en Chiapas han interpuesto dos amparos legales para detener la construcción de la autopista San Cristóbal–Palenque. Argumentan que el proyecto, que conecta el municipio de Palenque, donde reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con San Cristóbal de Las Casas, no ha respetado su derecho a una consulta libre, previa e informada. La abogada Fernanda Santos, especialista en derechos humanos, señaló que los amparos buscan declarar la inconstitucionalidad de los lineamientos del proyecto y la falta de consulta adecuada

Estas acciones legales se producen después de que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunciara que una consulta realizada el 23 de marzo, con la participación de 39,000 personas, aprobó la puesta en marcha de la obra. Sin embargo, los pueblos indígenas tzeltales, tzotziles y mestizos afectados sostienen que sus derechos no han sido respetados en este proceso.

Antonio Gómez, promotor de derechos humanos de San Juan Cancúc, enfatizó que las comunidades no permitirán la construcción de la autopista, ya que consideran que destruirá sus tierras y recursos naturales sin ofrecer beneficios reales a la población indígena.