Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes comparecerán este viernes a las 10:30 horas ante el juez federal Robert Levy en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.
Ambos son parte del grupo de 29 personas acusadas de narcotráfico que fueron entregadas a Estados Unidos por el gobierno de México.
Entre los entregados se encuentran figuras clave del crimen organizado en México:
- Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara.
- Vicente Carrillo Fuentes, exjefe del Cártel de Juárez.
- Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exdirigentes de Los Zetas.
Estos y otros acusados enfrentarán procesos en tribunales de Nueva York, el Distrito de Columbia, Texas, Arizona, Chicago y Carolina del Norte.
Condenas que podrían recibir estos narcotraficantes
La mayoría podría recibir cadena perpetua, mientras que seis de ellos, incluido Caro Quintero y Carrillo Fuentes, podrían enfrentar la pena de muerte.
Relación con las políticas de EUEl Departamento de Justicia informó que “muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición de larga data de Estados Unidos que no fueron atendidas durante el gobierno del presidente Joe Biden”. Sin embargo, el gobierno mexicano decidió entregarlos como parte de un acuerdo con la administración de Donald Trump.
Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que designa a los cárteles mexicanos como “Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados”. Además, se aplicó la Orden Ejecutiva 14164, que restablece la pena de muerte en ciertos delitos graves. La guía emitida por el fiscal general el 5 de febrero también establece la aplicación de la pena capital en estos casos.
Presión de Trump sobre México
La entrega de los narcotraficantes ocurrió durante una visita de altos funcionarios mexicanos a Washington. En el contexto de estas negociaciones, el gobierno de Trump busca frenar la imposición de aranceles del 25 % a productos mexicanos, programados para entrar en vigor el 4 de marzo.
La medida podría fortalecer las relaciones bilaterales en seguridad, aunque también genera tensiones sobre la soberanía mexicana en materia de justicia.