Ahora, el gobierno mexicano busca en Estados Unidos a los cómplices de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, el fundador del Cártel de Sinaloa, para repartir culpas sobre lo que sucedió aquel infame 17 de octubre de 2019.

La búsqueda de esos cómplices empezó este 4 de agosto, cuando el gobierno mexicano hizo un movimiento jurídico sin precedentes, al demandar por la vía civil a 11 empresas armamentistas con oficinas en suelo estadounidense y acusarlas de “prácticas negligentes”, por permitir que sus productos lleguen a manos de los cárteles de las drogas que han desatado la violencia en nuestro país.

En la denuncia presentada ante una corte federal en Boston, Massachusetts, el gobierno mexicano incluyó el nombre de una de las víctimas letales durante el “Culiacanazo” como parte de sus argumentos para que las empresas creadoras de pistolas y rifles de asalto que se usan en México paguen hasta 10 mil millones de dólares por armar a la delincuencia organizada.

Ese nombre es el de Noé Isauro Beltrán, de 38 años, quien el 17 de octubre de hace dos años trabajaba –como todos los días– en un taller mecánico en la ciudad de Culiacán. Su jornada laboral transcurría como cualquier jueves hasta que el gobierno mexicano desató un operativo secreto para detener a uno de los hijos del fundador del Cártel de Sinaloa en el fraccionamiento Tres Ríos.

Sin embargo, el operativo fue un rotundo fracaso: aunque un grupo de élite de las Fuerzas Armadas logró aprehender al joven nacido en 1990 y requerido en Estados Unidos por traficar drogas sintéticas, la cúpula del Cártel de Sinaloa se movilizó con una fuerza inusitada para poner contra la pared al gobierno mexicano y liberarlo.

“¡ERA INOCENTE!”

Aquella tarde, por órdenes del medio hermano de Ovidio, Iván Archivaldo Guzmán, el Cártel de Sinaloa le prendió fuego a Culiacán y orquestó la fuga de 49 pistoleros que estaban presos en la cárcel de Aguaruto para que se unieran a la defensa armada de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”.

Los sicarios del Cártel de Sinaloa secuestraron a soldados en una caseta de peaje en la carretera que lleva a Mazatlán, bloquearon las entradas y salidas de la unidad habitacional donde viven familias de militares y abrieron fuego contra civiles inocentes para que el gobierno mexicano soltara al hijo de “Chapo” Guzmán.

Horas más tarde, la presión de los criminales dio resultado y el propio López Obrador ordenó la liberación de Ovidio Guzmán para evitar que el Cártel de Sinaloa atacara civiles. Sin embargo, el mandato presidencial llegó tarde: ocho personas habían sido asesinadas como consecuencia del operativo fallido.

El asesinato de Noé Isauro Beltrán fue uno de los más sonados: cuando inició la respuesta armada de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, él intentó protegerse bajando la cortina metálica del taller mecánico en el que trabajaba por mil 500 pesos semanales. Sin embargo, un disparo que escupió un rifle de asalto lo golpeó en el estómago y lo asesinó al instante.

El diario estadounidense The New York Times retomó su muerte y las palabras de su viuda, Rocío Armenta, con quien había procreado tres hijos: “¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¡Era inocente!”.

 DEL GUN SHOW A LAS MANOS DE SICARIOS

De acuerdo con información de EMEEQUIS, en el análisis posterior de lo que salió mal durante el llamado “Culiacanazo”, se confirmó que el arma con la que pistoleros del Cártel de Sinaloa asesinaron a Noé Isauro Beltrán provenía de Arizona, Estados Unidos.

De acuerdo con el rastreo que hicieron los investigadores federales a cargo del entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aquel fusil marca Barrett –creado por una de las 11 empresas demandadas por el gobierno federal– se vendió a un ciudadano estadounidense en un “gun show”.

Los “gun shows” son ferias organizadas por empresas armamentistas, promotores de armas y entusiastas de pistolas y rifles de asalto para comercializarlas. Los pocos controles para evitar que los beneficiados de esos mercados de armas sean los cárteles de las droga hace que los “gun shows” sean eventos de alto interés para traficantes de armas que surten los pedidos de los criminales mexicanos.

Según el gobierno mexicano, la Barrett 50 con la que mataron a Noé Isauro Beltrán se vendió en la ciudad de Phoenix, “por fuera”, a un traficante de armas que trabaja para el Cártel de Sinaloa y quien la introdujo a Nogales, Sonora, en un vehículo que cruzó por tierra la frontera mexicana. La empresa creadora del arma no dio seguimiento al destino de su producto.

El rifle –capaz de perforar hasta los blindajes más gruesos– viajó 980 kilómetros hasta Culiacán, donde llegó hasta las manos de los sicarios del primer círculo del Cártel de Sinaloa.

Por los casquillos encontrados por la ciudad, esa arma no sólo fue usada contra el empleado del taller mecánico: también fue utilizada en el secuestro virtual de los militares, a quienes el cártel pensaba utilizar como moneda de cambio para salvar a Ovidio Guzmán de una segura extradición hacia Estados Unidos.

Además, por armas comercializadas sin control en Estados Unidos, fueron asesinados durante el “Culiacanazo” los jóvenes José Arturo y José Nicolás, dos empleados de una empresa repartidora de muebles que quedaron en medio del fuego cruzado entre el cártel y uniformados.

El gobierno mexicano también acusa a las empresas armamentistas de Estados Unidos de ser cómplices de un cuarto asesinato del 17 de octubre de 2019: Eduardo N., un policía de 32 años, que murió después de que el automóvil en el que viajaba fue atacado con más de 100 balas de grueso calibre.

EL COSTO DEL MIEDO

Por el daño que representaron esas armas extranjeras, promocionadas en Estados Unidos para civiles que desean batirse en duelo con policías y militares, y por la memoria de los ocho asesinados, es que el gobierno mexicano busca sentar en el banquillo de los acusados a la empresa Barrett y diez más, como Colt's Manufacturing Company, Century Arms, Smith & Wesson y Glock, entre otras.

“Varias de las armas de las empresas demandadas fueron usadas por sicarios del cártel (de Sinaloa) contra elementos de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y policías que participaron en un operativo en Culiacán, México, para arrestar a Ovidio Guzmán López.

“Los integrantes del cártel superaron en poder de fuego a las autoridades usando armas largas creadas por las empresas demandadas. Los sicarios usaron, al menos, una Barrett calibre 50, varios rifles AK y AR-15, así como armas cortas de las marcas Beretta y Glock”, se lee en la demanda.

Al responsabilizar a las empresas estadounidenses, el gobierno mexicano no sólo las acusa de estar detrás de la pérdida de vidas, sino de un daño económico que cimbra el desarrollo del país.

“La conducta de los demandados ha provocado un enorme daño financiero al gobierno. Sólo en 2019, más de 3.9 millones de crímenes en México fueron cometidos con armas provenientes de Estados Unidos y cerca de 161 mil de esos delitos fueron cometidos contra empresas”, afirma el gobierno mexicano en la denuncia civil.

El Instituto para la Economía y la Paz en México, creador de un índice anual, estima que el impacto de la violencia que propagan las armas estadounidenses cuesta al país unos 238 mil millones de pesos anuales, equivalente al 21.3 por ciento del Producto Interno de México.

Estos costos directos abarcan el valor de la vida de la víctima, el costo que representa para el gobierno y para el perpetrador, mientras que los costos indirectos incluyen el trauma psicológico y físico de los sobrevivientes de la violencia, la pérdida del ingreso futuro, el impacto del miedo y distintos efectos que impactan en la economía nacional, según el gobierno mexicano.

Uno de esos grandes costos está representado en el “Culiacanazo”. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está dispuesto a cargar con la entera responsabilidad de aquella tarde infame.

Con información de EMEEQUIS.