Petición de condena máxima
El Gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente al juez Brian Cogan que aplique la pena de cadena perpetua contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada. La Fiscalía estadounidense presentó un oficio este lunes donde califica como incalculable el daño y la violencia propagada por el capo sinaloense. Para las autoridades norteamericanas, la dimensión de las operaciones del cofundador del Cártel de Sinaloa no tiene precedentes en la historia judicial.
Adicionalmente, las instituciones de justicia de aquel país exigen el pago de una multa histórica que asciende a 15 mil millones de dólares. Este decomiso multimillonario pretende neutralizar la estructura financiera que el capo consolidó a través del tráfico masivo de fentanilo y cocaína. El documento oficial también advierte que el grupo criminal mantiene su peligrosidad operativa mediante el liderazgo activo de uno de sus hijos.
El reclamo por soberanía nacional
La inminente sentencia reavivó los fuertes reclamos del Gobierno de México respecto a la falta de transparencia en la captura ocurrida en 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum acusó recientemente al exembajador Ken Salazar de haber ocultado información clave sobre la participación directa de agencias estadounidenses en el arresto. De comprobarse la intervención unilateral, se confirmaría una vulneración directa a las leyes mexicanas y al derecho internacional.
Ante las inconsistencias del caso, la Fiscalía General de la República emitió nuevos requerimientos formales dirigidos a Washington para esclarecer el supuesto operativo encubierto. La fiscal general Ernestina Godoy argumentó que las respuestas obtenidas hasta el momento han sido totalmente insuficientes para la investigación local. No obstante, la institución admitió que no habrá repercusiones contra el exdiplomático debido al blindaje de la inmunidad internacional.
Dos años de misterio y disputas
La controversia sobre cómo ocurrió la entrega o detención de Zambada sigue sin resolverse de manera definitiva tras cumplirse dos años del suceso. El capo sostiene la versión de que fue secuestrado y trasladado a territorio estadounidense mediante un engaño orquestado por Joaquín Guzmán López. En contraste, la versión original de la embajada estadounidense aseguraba que no existió una planeación ni recursos de su gobierno en dicho vuelo.
La posterior revelación de que el FBI utilizó la aeronave para sus indagatorias desató la molestia del gabinete de seguridad en Palacio Nacional. Este episodio ha mermado la confianza en los acuerdos bilaterales de colaboración y el intercambio de inteligencia entre ambas naciones vecinas. El desenlace de este juicio el próximo lunes marcará el fin de una era en el narcotráfico, pero no de las dudas.