Denuncias penales contra quien resulte responsable por los decesos

La Secretaría de Relaciones Exteriores formalizó el inicio de una etapa jurídica enfocada en esclarecer el fallecimiento de 14 connacionales bajo custodia y tres más en operativos de captura. El canciller Roberto Velasco detalló que, para proceder legalmente, se solicitará la colaboración directa de la Fiscalía General de la República.

Esta medida busca llevar los expedientes ante las fiscalías locales de la Unión Americana y el propio Departamento de Justicia para sancionar penalmente las omisiones institucionales. Entre los casos prioritarios se encuentra la investigación en curso sobre el deceso de Lorenzo Salgado Araujo, el incidente más reciente registrado por la red consular.

Agotan gestiones diplomáticas e internacionales previas al litigio

La determinación de acudir a los tribunales estadounidenses se tomó tras agotar los canales institucionales ordinarios y emitir 11 notas formales de protesta diplomática. Adicionalmente, las representaciones de México activaron mecanismos de presión multilateral ante organismos de representación global para documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos.

Las acciones previas incluyeron mesas de trabajo con Volker Türk, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, lo que derivó en un pronunciamiento público. De igual manera, se sometió una petición de revisión urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar los protocolos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Mantendrán esquemas civiles y de acompañamiento a las familias

A la par de las querellas criminales, la cancillería mexicana notificó que impulsará demandas en materia civil para buscar reparaciones del daño en favor de los deudos. Los consulados desplegados en territorio estadounidense mantendrán esquemas de asesoría legal y apoyo humanitario permanente para asegurar el acceso a los expedientes clínicos y policiales.

La estrategia coordinada entre la federación y los despachos jurídicos aliados busca sentar un precedente técnico sobre las condiciones de internamiento de los trabajadores migrantes. Con esto, el Estado mexicano sumará los recursos de las fiscalías locales para evitar que los casos de abuso de autoridad queden en la impunidad.