CIUDAD DE MÉXICO. La diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Wendy Briceño Zuloaga presentó una iniciativa de reforma para establecer en la ley, de manera clara, las obligaciones, atribuciones y características de los 44 Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM).
Este martes, la diputada propuso ante la Cámara de Diputados, reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para homogenizar la estructura operativa de esos centros, creados por decreto en 27 entidades federativas, a fin de que estén altamente capacitados para atender a las mujeres.
En un comunicado, la diputada de Morena explicó que de acuerdo con el Informe de Centros de Justicia para las Mujeres, realizado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres, los 44 centros de los que se tiene registro hasta 2019, pueden mejorar su funcionamiento, y para ello es necesario su homologación y establecer sus atribuciones y obligaciones en la ley.
Es de recordar que los Centros de Justicia para las Mujeres fueron creados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en 2010; como espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género, para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.
En estos lugares se debe garantizar el acceso a la justicia a través de servicios de atención legal, médica, psicológica, proyectos de empoderamiento económico, espacios de ludoteca y refugio temporal.
El diagnóstico de Equis indica que estos centros dependen de diversas instancias como Fiscalías o Subfiscalías, Secretarías de la Mujer, Secretarías de Gobierno, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Secretaría de Seguridad Ciudadana y muchos dependen del acceso a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para seguir operando.
La diputada destacó la necesidad de que los Centros tengan capacidad de interlocución con diversas secretarías y procuradurías, y que, como órganos descentralizados, gocen de personalidad jurídica para dejar atrás la dependencia que mantienen de origen.
Al citar las investigaciones de la sociedad civil, la legisladora aseguró que, se desprenden datos relevantes sobre fortalezas y áreas de oportunidad de los Centros de Justicia en temas como estructura institucional, financiamiento, recursos, diseño operativo y servicios”, puntualizó.
La presidenta de la Comisión de Igualdad y Género agregó: “La atención brindada por los Centros de Justicia para las Mujeres se realizará a través de la participación coordinada de las instancias públicas estatales cuya competencia incida en la atención integral a mujeres, y previa firma de los convenios correspondientes, de otras instancias del sector público federal y municipal”, recalcó.
Con la propuesta de reforma, el Artículo 59 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia establecería que estos centros son órganos descentralizados de las Fiscalías de las entidades federativas con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica e independencia presupuestaria, cuyo objeto es coadyuvar y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia, o de violación de derechos humanos, así como de sus hijas e hijos.
El mismo artículo señala que en estos Centros se deben prestar servicios multidisciplinarios en el mismo lugar y ejecutar acciones, con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad.
Los Centros, además, deberán brindar servicios las 24 horas todos los días del año, así como servicios de atención médica, psicológica, asesoría jurídica, representación legal, servicios de cuidado y atención infantil; servicios de trabajo social, protección de seguridad a víctima, entre otros. La propuesta será analizada en Comisiones.