Armando Villarreal no ha querido decir si la decisión de desviar los 293.5 millones de pesos fue directamente de él o recibió la instrucción del entonces gobernador Mario López Valdez, quien a nada está de salir salpicado por el mal uso del erario en el cierre del ejercicio anual 2016.
Ahora bien, el arreglo entre las administraciones anteriores y actual no sólo deja mal parados a los malovistas, sino al propio gobernador en turno, Quirino Ordaz, quien de tajo cortó ya la cabeza a su secretario de Finanzas, Carlos Ortega, por no hacer bien las cosas al tener encomendado el arreglo que libraría a Villarreal del proceso judicial que ahora tendrá que enfrentar por decisión de la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada.
¿Por qué Quirino querría facilitar la impunidad malovista? Fácil, que la cadena de impunidad se extienda hasta su sexenio, del cual ya sólo le quedan menos de dos años, así que el mazatleco y todo su gabinete está más que obligado a dejar “bien planchaditas” las finanzas estatales, para evitarse estos rollos de los tribunales.
Y es que ya Malova libró en un primer momento el embate judicial a la malversación malovista cuando su secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro salió absuelto también con un irrisorio monto para la supuesta reparación del daño patrimonial por el mismo motivo, el uso indebido de la función pública por gastar en otros rubros el dinero etiquetado. Esta decisión judicial originó el repudio social que consideró como una burla el trato, pero además como un aliciente para que los funcionarios continúen robándose el erario.
De alguna manera, poco a poco Malova va logrando zafarse, a medida que lo logran sus funcionarios, de enfrentar los juzgados y tribunales, esto gracias a la lealtad protectora de sus propios colabores que hasta ahora, han evitado embarrarlo en el destino desconocido que se le dio a más de 2 mil millones de pesos, de acuerdo con las propias cifras dadas a conocer por la secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado.
Habrá que notar que el costo político podrá caer sobre ambos mandatarios –el actual y el anterior—sin embargo, el costo penal acecha en realidad a Mario López Valdez, pues en lo político no tiene ya nada qué perder, salvo que, en caso de ser requerido por los tribunales, dejar de ayudar con su experiencia y asesoría a su encarrilado ex secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, quien anda lurio moviendo las Redes Sociales Progresistas, el proyecto de partido impulsado por doña maestra Elba Esther Gordillo.
Si el Poder Judicial se mantiene en la idea de no solapar más impunidad de los delincuentes de cuello blanco entonces el destino de Villarreal será la cárcel, pues los 16 años bajo la sombra solicitados por la Fiscalía, no le darían al ex tesorero el derecho a pagar fianza para llevar su proceso en libertad.
Es esta situación, justamente, la que podría obligar a Villarreal a soltar la sopa para no condenarse solo y, que sepamos, su único jefe en la administración pública estatal fue Malova.
¿Por qué decimos esto? Simplemente porque la jueza Quiñónez ya pidió a la Fiscalía Anticorrupción documentar cualquier acuerdo entre las partes, lo cual quiere decir que está empeñada en que las cosas se hagan como la sociedad agraviada lo merece y poner mano dura en este tipo de casos.
El caso sigue para adelante y será interesante ver el desenlace, pues, como dijo el profesor Óscar Loza Ochoa en entrevista con la colega Eva Guerrero, aún falta saber dónde quedaron y cómo se van a reponer esos 260 millones de pesos que andan volando, pues Villarreal no ha podido comprobar que se hayan destinado a pagar aguinaldos y otros compromisos del cierre de año en ese 2016, porque de que es mucho dinero, es mucho dinero.
