TIJUANA.
El exgobernador de Baja California Francisco Vega y varios de sus colaboradores fueron denunciados penalmente ayer por la comisión de delitos como peculado, abuso de confianza y fraude, que ascendería a más de mil 200 millones de pesos al contratar servicios de asesoría a empresas fantasma, algunas de las cuales fueron creadas el mismo día en que recibieron millonarios contratos.
Así lo dio a conocer en entrevista el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien calificó este fraude como “una estafa maestra región 4”, que podría alcanzar hasta los dos mil millones de pesos.
Rodríguez Lozano denunció a Vega de Lamadrid y a los exsecretarios de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid y Bladimiro Hernández Díaz; la exoficial Loreto Quintero, actual diputada local del PAN; Enrique Remigio Salcido, exdirector de Administración, y Rutilio Pérez Flores, exdirector de Adquisiciones.
Rodríguez Lozano indicó que la denuncia está basada “en la operación ilegal que detectó esta administración sobre los movimientos financieros que hizo el gobierno de Vega de Lamadrid, con mil 200 millones de pesos a más de 40 empresas que, en su mayoría, eran consideradas como fantasma, porque no tenían RFC ni domicilio físico, además de que algunas de éstas fueron creadas el mismo día en el que se les depositó el recurso bajo el concepto de asesorías y servicios”.
Entre las empresas detectadas se encuentra Match S de R.L. de C.V. y Edificaciones S.A de C.V., a cada una de las cuales se les depositó 800 mil pesos. Dichos recursos se obtuvieron de un crédito bancario a corto plazo que solicitó Kiko Vega.
Algunas de estas compañías tenían domicilios inexistentes, operadas presuntamente en casas derruidas o en viviendas cuyos residentes desconocían que estaban registradas como una prestadora de servicios, dijo.
A fin de sustentar dichos señalamientos, la Secretaría de Gobierno cuenta con fotografías de dichos domicilios, además se que se presentarán elementos de prueba ante el gobierno federal, ya que algunas de estas operaciones también afectaron a la Secretaría de Hacienda.
Excélsior