Los presidentes de los 12 organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional presentaron de manera conjunta y en su carácter de ciudadanos, un escrito en la modalidad de amicus curiae (Amigos de la Corte) contra la denominada “ley Bonilla”, con la cual el periodo del gobierno estatal en Baja California se amplió a cinco años.
El escrito, remitido ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue firmado por Carlos Salazar Lomelín, José Manuel López Campos, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, Bosco de la Vega Valladolid, Luis Niño de Rivera Lajous, José Méndez Fabre, Enoch Castellanos Férez, Francisco Cervantes Díaz, Manuel Escobedo Conover, Antonio del Valle Perochena, Valentín Díez Morodo, Vicente Yáñez Solloa y Nathan Poplawsky Berry.
Fue presentado en aras de agregarse a las acciones de inconstitucionalidad 112/2019, 113/2019,114/2019 y 115/2019, interpuestas respectivamente por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
El CCE definió el escrito promovido como un “mecanismo según el cual, terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado, pueden presentar una opinión técnica a un tribunal, que aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial”.
Con esa medida, los líderes empresariales buscan preservar ante el Poder Judicial de la Federación el sistema democrático del país, pues según consideran, el decreto 351 con el que se reformó el artículo octavo transitorio, el cual establecía que la gubernatura sería de dos años, vulneró la Constitución Federal.
Los firmantes del escrito amicus curiae (Amigos de la Corte) explicaron que la norma aprobada el 8 de julio de 2019 en todo caso debió haber procedido cuando menos 90 días antes de que iniciara el proceso electoral (en el que el actual gobernador Jaime Bonilla Valdez resultó electo y el cual inició el 9 de septiembre de 2018).
También alegaron que la reforma violó “el derecho al voto consagrado en la Constitución”, en vista de que la ciudadanía en esta entidad acudió a sufragar “por un gobernador que duraría en el cargo dos años”.
Otro de los argumentos del CCE en cuanto a la presentación del alegato es que “La determinación del periodo del cargo que fue objeto de la elección no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California”, toda vez que ello “implicaría aceptar no solamente que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad, lo que se traduciría en un régimen de democracia aparente”, del que quedaría excluida “la libre expresión de la voluntad de los electores”.
Los demandantes recalcaron que la “ley Bonilla” es contraria “a la expresión de la ciudadanía en las urnas, y pone en entredicho la democracia y el Estado de derecho en Baja California”.
Con información de zeta y agencias