Culiacán, Sinaloa. Los programas de atención a los desplazados por la violencia que se están implementando por parte de los diferentes niveles de gobierno, son solo estrategias de corte inmediatista que no resuelven de fondo el problema de inseguridad que se vive en dichas comunidades y que lo que hacen es consolidar la condición de vulnerabilidad de los habitantes que están siendo expulsados de la zona rural, consideró Ernesto Sánchez Sánchez.
El doctor en ciencias sociales de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa estableció que aparte de estrategias inmediatistas se requieren programas de atención integral que permita minimizar las condiciones de violencia para que los desplazados regresen a sus comunidades y recuperen sus formas de vida.
“Lo que se está haciendo son programas que verdaderamente no solucionan el eje del conflicto, son programas prácticamente inmediatistas en los cuales el desplazado está destinado a no regresar a su lugar de origen cuando de lo que se trata es que garanticen que el desplazado regrese y renueve su dinámica familiar, comunal y económica que les permiten elevar sus niveles de bienestar”, advirtió.
Sánchez Sánchez, quien maneja las líneas de investigación de mercado de trabajo e inserción laboral planteó que esto debe ser una tarea compartida por los tres niveles de gobierno porque se trata de un problema de corte federal, estatal y municipal que requiere esfuerzos conjuntos para minimizar las condiciones de violencia y a la vez empodere en el buen sentido de la palabra, a los habitantes de las comunidades que han sido desplazados.
“Este es un problema que va más allá de enviar soldados, policías federales o ministeriales, son problemas que también tienen que ver con aspectos de corte social y comunitario que no se ven pero que están presenten en las comunidades”, comentó.
Observó que Sinaloa de Leyva, El Rosario y Concordia son las comunidades de Sinaloa en las que se ha acentuado esta problemática y que de los 30 millones que se aprobaron por parte del Congreso del Estado para apoyo a desplazados, a la fecha solamente se han aplicado 5 millones de pesos, lo cual representa apenas el 17 por ciento de lo presupuestado.
El profesor investigador manifestó que en el caso de Sinaloa los programas que se han implementado para solucionar este problema no atienden el fondo del fenómeno que tiene que ver con el hecho que grupos de la delincuencia organizada mantienen tomadas dichas comunidades.
Sánchez Sánchez refirió que la entrega de terrenos, despensas y colchones son programas de corte inmediatista que no resuelven el problema porque lo que se está haciendo es consolidar la condición de vulnerabilidad de los desplazados en la zona en la que llegan.
Recordó que además de Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa que son los principales estados con problemas de desplazados por la violencia, el fenómeno también está presente en Michoacán, Oaxaca y Chiapas, donde se combina cuestiones de inseguridad y aspectos de tipo religioso.
De acuerdo con estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, a nivel nacional hay aproximadamente 200 mil personas desplazadas por la violencia y en el caso de Sinaloa la cifra es de aproximadamente 27 mil.
Redacción