El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, redobló sus acusaciones sobre un presunto fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. El mandatario denunció este martes que el software del conteo preliminar fue alterado para incorporar de forma irregular a más de 885 mil votantes al censo electoral.

A través de un extenso mensaje en la red social X, Petro aseguró poseer "las bases comprobadas del posible fraude" para entregarlas a las autoridades competentes. Según sus señalamientos, el censo oficial de la Registraduría Nacional era de 41,421,973 electores, pero fue modificado cinco días antes de los comicios para elevarlo a 42,307,373. Asimismo, afirmó que el sistema informático sufrió dos modificaciones específicas durante la tarde del pasado 26 de mayo.

Datos oficiales sepultan la teoría del fraude

A pesar de la insistencia del jefe de Estado, los datos duros de la autoridad electoral contradicen su postura:

• Coincidencia casi exacta: El escrutinio definitivo —realizado de manera independiente por jueces de la República— concluyó este martes con el 99.98% de las mesas contabilizadas, arrojando una coincidencia del 99.94% con el preconteo inicial que Petro desconoció.

• Sin impugnaciones de su partido: Iván Cepeda, el candidato oficialista de izquierda que quedó en segundo lugar, reconoció formalmente el lunes que las verificaciones de su propia campaña no hallaron evidencias de irregularidades que pusieran en duda la legitimidad del proceso.

El escenario de cara a la segunda vuelta

La crisis institucional se desató la noche del domingo, luego de que se difundieran los resultados del conteo preliminar que colocaron al candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, a la cabeza con 10.3 millones de votos (43.74%), seguido por elizquierdista Iván Cepeda con 9.6 millones de sufragios (40.90%).

Ambos candidatos disputarán la presidencia en una segunda vuelta electoral. No obstante, el presidente Petro mantiene sus ataques al sistema electoral y, hasta el momento, no ha presentado las supuestas pruebas de la alteración del censo ante ninguna instancia judicial u organismo de control formal.