En una jornada marcada por la celeridad legislativa, el paquete de reformas constitucionales conocido como el "Plan B", impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, alcanzó la ratificación necesaria en la mayoría de las legislaturas locales; tras ser aprobado por la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves, al menos 18 congresos estatales dieron su visto bueno al decreto, permitiendo que el Congreso de la Unión proceda con la declaratoria de constitucionalidad oficial.
El proceso en San Lázaro
La aprobación en la Cámara Baja se dio tras un intenso debate de 14 horas. En lo general, la medida obtuvo 377 votos a favor (Morena, PT, PVEM y MC) frente a 102 en contra. No obstante, en la votación en lo particular, Movimiento Ciudadano se unió al bloque opositor (PAN y PRI), resultando en 343 votos a favor y 124 en contra. Pese a que se presentaron casi 100 propuestas de modificación, el dictamen fue aprobado sin cambios.
"Efecto dominó" en los estados
Mientras en el ámbito federal la discusión fue prolongada, en las entidades federativas el proceso destacó por su rapidez:
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Tabasco: Fue el primer estado en aprobar la minuta. Aunque los legisladores esperaron 10 horas la llegada del documento, la votación nominal se resolvió en menos de 10 minutos sin discusión de artículos.
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Puebla: El aval se dio en apenas un par de horas, tanto en comisiones como en una sesión extraordinaria del pleno, con 34 votos a favor.
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Oaxaca: La reforma se aprobó por unanimidad. El único diputado de oposición (PRI) no asistió a la sesión.
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Yucatán: Se registraron 21 votos a favor y 13 en contra; destacó la ausencia total de la bancada del Partido Verde.
Hasta el momento, los estados que han ratificado la reforma son: Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, CDMX, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y Nayarit.
¿En qué consiste la reforma?
Los cambios principales impactan los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, estableciendo medidas de austeridad y control administrativo:
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Reducción de Cabildos: Se limita a una sindicatura y entre 7 y 15 regidurías por ayuntamiento.
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Tope Presupuestal: El presupuesto de los congresos estatales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de su entidad.
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Topes Salariales: Ningún funcionario electoral (INE, tribunales u organismos locales) podrá percibir un salario mayor al de la Presidenta de la República.
Posturas encontradas
Para el bloque oficialista, estas medidas consolidan un modelo de gobierno "más justo y eficiente" que fortalece la igualdad sustantiva. Por el contrario, la oposición sostiene que no se trata de una transformación democrática de fondo, sino de ajustes administrativos diseñados para debilitar los contrapesos del Estado.
Se espera que el conteo final y la declaratoria legal se realicen el próximo martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro.