En un revés judicial para el Gobierno Federal, el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la suspensión que impide obligar a los ciudadanos a entregar sus datos biométricos para la integración de la nueva Plataforma Única de Identidad.

Los magistrados declararon como infundado el recurso de queja interpuesto por las autoridades federales, manteniendo firme la medida cautelar que protege a un ciudadano contra las reformas que buscan vincular información sensible —como huellas dactilares y fotografía— a la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Protección a la privacidad como prioridad

La resolución judicial subraya que permitir la recolección de estos datos, antes de que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma, causaría un daño irreversible al quejoso.

"Negar la medida cautelar podría provocar que se materialicen los efectos de las disposiciones impugnadas, obligando al ciudadano a entregar su información privada antes de determinar si la ley respeta la Constitución", se lee en el cuerpo de la resolución.

Puntos clave del fallo:

• Alcance de la medida: El ciudadano no podrá ser condicionado ni obligado a proporcionar registros biométricos para trámites oficiales vinculados a esta plataforma mientras dure el juicio.

• Interés Público: El Tribunal determinó que la suspensión no afecta el orden público ni el interés social; por el contrario, busca salvaguardar derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales.

• Riesgo de vinculación: El fallo toma relevancia dado que este sistema de identificación pretende centralizar registros oficiales, incluyendo potencialmente bases de datos de usuarios de telefonía móvil.

Con esta decisión, el Poder Judicial mantiene un dique legal frente a las intenciones del Ejecutivo de centralizar la información biológica de la población, priorizando la presunción de inconstitucionalidad de las normas reclamadas hasta que se resuelva el fondo del amparo.