Culiacán, Sinaloa.-Calificó como un “grave retroceso” y una muestra de parcialidad judicial la reciente resolución en favor de la diputada con licencia Almendra Negrete, tras un conflicto con una ciudadana y exfuncionaria de la Secretaría de las Mujeres.

Gárate expresó su profunda preocupación por las implicaciones que este fallo tiene para la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, destacando que el caso se basa en una interacción privada que no debió trascender al ámbito sancionador de la manera en que se hizo.
Vulneración de la privacidad y precedente negativo

Para la diputada priista, el hecho de que una conversación privada sea el eje de una sanción pública sienta un precedente peligroso para cualquier ciudadano:

“Yo lo considero un retroceso, algo gravísimo que sienta un precedente muy negativo porque se trata de una conversación privada por WhatsApp entre dos personas; no fue un posicionamiento público en redes sociales.”

Gárate subrayó la contradicción de que las instituciones encargadas de proteger a las mujeres no hayan respaldado a la ciudadana involucrada, quien se desempeñaba como auxiliar en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado.

“Lo adicional y contradictorio es que es funcionaria... en la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, de Morena, del mismo partido de la diputada con licencia y secretaria nacional en ese partido. Entonces, la Secretaría de las Mujeres no defiende ni a una de las suyas, ¿entonces a qué mujer defiende?”

El riesgo de la fabricación de pruebas

Alertó sobre la fragilidad de las pruebas presentadas, como capturas de pantalla, las cuales considera que pueden ser manipuladas fácilmente, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de cualquier persona.

“¿Qué tanta veracidad puede tener esa conversación, esos screenshots? Si yo puedo registrar cualquier teléfono de cualquier persona y ponerle el nombre de alguien... Por la arista que se vea el tema es terrible, es lamentable, es un grave retroceso.”

Llamado a la Sala Superior

Finalmente, Paola hizo un llamado enérgico a las instancias federales para que revisen el caso de manera imparcial y reviertan las sanciones impuestas a la ciudadana, las cuales incluyen una multa económica y la inscripción en el padrón de personas sancionadas.

“Apelo a que la Sala Superior reconsidere y pues quede exonerada la ciudadana... y no se le multe con unos 300,000 pesos, ni se inhabilite, ni se inscriba en el padrón a Emma Cermeño.”

Concluyó reiterando que el sistema judicial debe actuar sin sesgos políticos, lamentando lo que percibe como una “parte judicial parcial” en este proceso.

Adair Montero