rump ha insinuado que los ataques podrían extenderse a tierra en Venezuela, aunque negó la idea públicamente el viernes. “No, no es cierto”, dijo a los periodistas.
Cuestionan la legalidad de los ataques militares de Trump
Expertos en seguridad han cuestionado esta interpretación de la ley. Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado, la calificó como un intento de eludir al Congreso y advirtió que viola la Constitución.
Históricamente, gobiernos demócratas y republicanos han interpretado la ley de manera flexible, pero nunca antes se había atacado a civiles que no están en guerra con Estados Unidos, destacó Finucane.
La administración también ha mantenido reuniones selectivas con legisladores, dejando fuera a demócratas de alto rango mientras evaluaba medidas para bloquear ataques contra Venezuela, lo que generó críticas bipartidistas.
Senadores como Mark Warner y Jack Reed exigieron informes completos al Congreso, alertando que el Pentágono ha retrasado la entrega de documentos legales y listas de objetivos más allá de lo permitido por la ley.
Preocupa el uso del poder militar de Trump sin control
En la Cámara de Representantes, legisladores se quejaron de que funcionarios de la administración no respondieron preguntas sobre la base legal y la inteligencia de los ataques. Incluso retiraron abruptamente a los abogados del Pentágono de la reunión.
Algunos congresistas señalaron que la selección de objetivos recuerda a los “ataques de firma” de la CIA, donde se golpea a personas sin saber su identidad exacta, solo por patrones de comportamiento.
También criticaron que la administración minimiza la relación entre los ataques y el fentanilo. Según información interna, la droga principal en la región sigue siendo la cocaína, contradiciendo los argumentos oficiales de Trump.