Las primeras campañas electorales para elegir jueces y magistrados por voto popular en México han generado polémica. A dos semanas de su inicio, organizaciones civiles han denunciado a más de una docena de aspirantes por posibles vínculos con el narcotráfico, asesinatos y otras irregularidades, lo que pone en duda la viabilidad del nuevo modelo judicial impulsado por la reforma constitucional de 2024.
¿Qué está pasando con las campañas para elegir jueces en México?
Desde el 30 de marzo comenzaron las campañas para que la ciudadanía elija, por primera vez, a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida forma parte de una reforma promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024.
Sin embargo, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, como el grupo Defensorxs, han advertido que varios candidatos tienen antecedentes preocupantes. A través de la plataforma Justicia en la mira, documentaron al menos 13 perfiles con posibles vínculos con el crimen organizado, delitos sexuales o negligencias graves en el ejercicio público.
¿Quiénes son algunos de los candidatos señalados?
Entre los casos más destacados se encuentra Silvia Rocío Delgado, aspirante a jueza penal local en Chihuahua. Delgado fue parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, con funciones de enlace directo y revisión de amparos para el líder del Cártel de Sinaloa.
Otro caso relevante es el de Francisco Herrera Franco, exfiscal de Michoacán y actual candidato a juez penal federal. Se le acusa de tener nexos con grupos criminales durante su gestión entre 2020 y 2022. Además, su nombre aparece vinculado al asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
El caso de Sonora: activistas denuncian omisiones en seguridad penitenciaria
La polémica también alcanzó a Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en el estado de Sonora. Durante su paso como director del sistema penitenciario estatal, ocurrió la muerte de Paula Josette, una joven de 23 años que falleció durante una visita conyugal irregular.
Aunque inicialmente se reportó un infarto como causa de muerte, un peritaje posterior reveló signos de violencia. Ocho exfuncionarios del penal fueron detenidos, pero el ahora candidato no ha enfrentado consecuencias directas.
El colectivo feminista Ni Una Más Hermosillo, que acompaña a la madre de Paula, Briseida Arizona Velarde, denunció las omisiones en el caso. Además, señalaron que el INE permitió su candidatura sin una revisión exhaustiva de su trayectoria.