El vocero presidencial Manuel Adorni informó este jueves, que el Gobierno de Javier Milei procederá al cierre definitivo del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), argumentando la necesidad de reducir el gasto público y la estructura estatal.

Este anuncio forma parte de las políticas de austeridad promovidas por el Presidente, quien aboga por la "eliminación de entidades estatales que no generen un beneficio directo para los ciudadanos argentinos".

Adorni criticó la existencia de institutos como el INADI, los cuales considera ineficaces y meros generadores de empleo militante, con 400 empleados y oficinas a nivel nacional. Según el vocero, el financiamiento de estas instituciones por parte de los contribuyentes no es justificable dada la situación económica del país. El proceso de cierre del INADI, bajo la órbita del Ministerio de Justicia desde su creación en 1995, comenzó, aunque los detalles sobre si se realizará mediante decreto o proyecto de ley aún están por definirse.

La extensión de la intervención del INADI por 180 días había sido oficializada, nombrando a María de los Ángeles Quiroga como interventora. Sin embargo, el cierre enfrenta demoras debido a "tiempos burocráticos", expresó Adorni, quien subrayó la intención del gobierno de agilizar la reducción del Estado como medida central para disminuir los impuestos.

Por su parte, la decisión generó controversia, especialmente tras las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien, en enero, aseguró que la supresión del INADI no implicaría la eliminación de sus funciones esenciales en la lucha contra la discriminación. Libarona enfatizó la importancia de abordar la discriminación con "la máxima energía", aunque criticó la estructura independiente y costosa del INADI. Esto ocurrió cuando se debatía en comisiones parlamentarias la primera versión de la ley ómnibus.

Esta medida se enmarca en un amplio esfuerzo por optimizar recursos, lo que incluye el análisis jurídico de cada institución a cerrar y la reubicación o despido de empleados redundantes.

Sin embargo, esta política de austeridad también plantea interrogantes sobre el futuro de la protección de derechos humanos y la lucha contra la discriminación en Argentina.